El PSOE denuncia ante Anticorrupción la presunta financiación ilegal del PP en Salamanca

Se pide a la Fiscalía Anticorrupción la apertura de la oportuna investigación a fin de determinar si el PP se financió ilegalmente en la campaña electoral de junio 1999 y posteriores.

El PSOE de Salamanca ha presentado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito, firmado por el Secretario General Fernando Pablos en representación del Partido Socialista, en el que se denuncia una presunta financiación ilegal del PP de Salamanca de la campaña electoral correspondiente a las elecciones municipales de junio de 1999 y en el que se pide a dicha Fiscalía, la apertura de la oportuna investigación a fin de determinar si esta presunta financiación ilegal constituye la comisión de  algún tipo de delito, concretamente el tipificado en el Art. 149 de la LOREG, así como si con posterioridad a las elecciones de 1999, el Partido Popular ha venido repitiendo la misma dinámica para sufragar gastos electorales o de cualquier otra naturaleza. 

 

El escrito y la denuncia del PSOE de Salamanca se argumenta y va acompañada con las informaciones aparecidas en un diario de tirada nacional donde se aportan documentos, con membrete del propio Partido Popular relacionados con el Presupuesto para financiar la Campaña Electoral de las municipales de 1999, y en los que aparecen apuntes manuscritos del propio coordinador de dicha campaña, y actual teniente alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, que recogen anotaciones de cifras correspondientes a posibles ingresos junto al nombre de diversas empresas que mantenían vinculación tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación de Salamanca en forma de adjudicación de servicios o de contratos. Anotaciones que el propio Fernando Rodríguez ha reconocido ser de su puño y letra. 

 

Estos hechos, a juicio del PSOE de Salamanca, ponen de relieve que existen indicios de que el Partido Popular de Salamanca financió presuntamente de forma ilegal parte de las campañas de las elecciones municipales y otras campañas electorales posteriores, y por tanto, merecedores de ser denunciados e investigados. 

 

Hechos que podrían, si pasaran de simples indicios a la realidad, ser constitutivos de un  delito electoral recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, además de las responsabilidades políticas que ello conllevara y que dice: 

  

“Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.