El Procurador del Común admite a trámite la reclamación de UPA-COAG Ávila sobre los lobos

De izquierda a derecha, Nacho Senovilla, Aurelio Pérez, Julio López (ALIANZA UPA-COAG), Javier Amoedo (Procurador del Común) y José Miguel Rodríguez (Asesor del Procurador del Común)

Tras la reunión que han mantenido hoy La Alianza y el Procurador del Común, éste pedirá informes a Medio Ambiente, "ya que es muy consciente de la problemática que están sufriendo los ganaderos"

La Alianza UPA-COAG de Ávila, junto a los máximos responsables regionales de la organización, han mantenido hoy en León una reunión con el Procurador del Común para exponer la seria problemática que afecta a los ganaderos de la provincia con los continuos ataques de lobos en sus explotaciones.

 

La valoración que realiza la organización de este encuentro es altamente satisfactoria, "puesto que hemos recibido el apoyo y comprensión de este organismo hasta el punto de que se admite a trámite las quejas de La Alianza UPA-COAG sobre la situación insostenible que sufren los ganaderos".

 

El Procurador del Común les ha detallado que pedirá un informe exhaustivo a la Consejería de Medio Ambiente sobre la situación legal de la presencia del lobo tanto al norte como al sur del Duero, y que actuará en consecuencia.

 

Por su parte, la Alianza ha expuesto la situación en la que queda el sector ganadero tras conocerse días atrás la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a la Junta de Castilla y León a indemnizar a los ganaderos por los daños producidos por los lobos al sur del Duero. Además han recordado la necesidad que tienen los profesionales por conseguir una mayor protección frente a los daños derivados de los ataques de los lobos.

 

El Procurador del Común ha escuchado de primera mano de los máximos responsables de la UPA-COAG tanto de Castilla y León como de Ávila "la necesidad de que la Consejería de Medio Ambiente se conciencie del control que debe realizar de esta especie, de que la presencia del lobo se debe limitar a determinados territorios, y que el Gobierno regional debe cumplir con lo que ha dictado el Tribunal Supremo para que las indemnizaciones a los afectados se realicen de forma ágil y justa".