El PP de Salamanca, cercado por los escándalos de corrupción y financiación ilegal a seis meses de las municipales

La sombra de las irregularidades se cierne sobre las cabezas visibles del PP en las dos grandes instituciones, Ayuntamiento y Diputación. Fernández Mañueco y Javier Iglesias están en el centro de varios casos y sus portavoces están directamente señalados de cara a las elecciones municipales.

El PP de Salamanca ha visto como la sombra de la duda se ha cernido sobre su actuación en las dos grandes instituciones de la provincia, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital. En solo tres semanas las sospechas sobre los procesos de contratación y sobre la financiación irregular han puesto en entredicho las prácticas 'populares' en dos administraciones que gobierna desde hace cerca de 20 años. Y han tocado directamente a las cabezas visibles en ambas instituciones y a sus portavoces, lo que puede tener implicaciones para las listas de las ya cercanas elecciones municipales.

 

Todo arrancó el día 21 de noviembre cuando se conocieron las posibles irregularidades en las contrataciones de la Diputación. La denuncia, hecha por el propio equipo de Gobierno, llegó de manera precipitada un viernes por la tarde con una rueda de prensa de Javier Iglesias y su vicepresidente y portavoz, Carlos García Sierra. El motivo, como más tarde se supo, que el grupo socialista en la Diputación estaba a punto de denunciar contrataciones fraudulentas en las que se beneficiaba a determinadas empresas.

 

 

GARCÍA SIERRA ERA DIPUTADO DE FOMENTO

 

En la comparecencia, Iglesias y García Sierra explicaron que los contratos sospechosos, un número reducido, correspondían a la etapa anterior a la llegada de Iglesias a la presidencia. Sin embargo, el hecho de que García Sierra hubiera sido diputado de Fomento, el área sospechosa, durante la legislatura en la que se produjeron los contratos cuestionados ha puesto muy en duda la voluntad declarada de transparencia de la Diputación. Ni Iglesias ni García Sierra han asumido responsabilidad políticas, a pesar de que el PSOE ha pedido la dimisión de ambos en el pleno. Y el PP ha rechazado la comisión de investigación solicitada por la oposición. El caso no solo está en la Fiscalía, sino que el PSOE ha presentado denuncias ante la justicia.

 

Para Iglesias, el escándalo se suma al proceso judicial en el que está inmerso, denunciado por prevaricación y otros delitos por los despidos en Agromaq hace varias ediciones, cuando la Diputación prescindió de varios trabajadores fijos para colocar, supuestamente, a otros vinculados al PP. Por este motivo tanto Iglesias como su diputado de ferias, Jesús María Ortiz, están a la espera de que se les abra juicio oral, lo que les impediría ir en listas electorales.

 

 

EL FUNCIONARIO APARTADO, VINCULADO A MAÑUECO

 

El escándalo ha salpicado también al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, por su relación de amistad reconocida con uno de los dos funcionarios apartados, el jefe de área de Fomento de la Diputación. Manuel Borrego accedió y promocionó en la Diputación cuando Fernández Mañueco la presidía a finales de los años 90 del siglo XX y es el personaje clave del escándalo de las contrataciones irregulares, pese a lo cual ha sido cambiado de puesto, pero no relegado (cobra lo mismo) ni expedientado.

 

El colofón ha llegado este lunes cuando el diario 'El País' ha dado a conocer un documento que revelaría una posible financiación ilegal del PP salmantino para las elecciones municipales de 1999. El documento, autógrafo por Fernando Rodríguez, teniente alcalde, hombre fuerte de los populares en el Ayuntamiento de Salamanca desde hace 20 años y responsable de campaña aquel 1999, corresponde a la etapa en la que Fernández Mañueco era presidente de la Diputación, concejal del Ayuntamiento de la capital y secretario provincial del PP.

 

 

UN DOCUMENTO REVELADOR

 

Según 'El País', el PP habría financiado su campaña con aportaciones de empresas que tenían contratos con el Ayuntamiento, algo ilegal ya entonces; y habría cobrado algunas de estas aportaciones en 'b', dinero negro, también ilegal. El autor del documento, Fernando Rodríguez, no ha negado su validez y ha explicado que se trataría de donaciones, permitidas por aquella época; algo que no es cierto: las de empresas que contraten con la administración están prohíbidas desde 1987. Algo que pone en entredicho la continuidad de Rodríguez. Y que afecta a Fernández Mañueco.

 

El alcalde, que ha negado tener nada que ver y se ha remitido a un comunicado del PP en el que se niega la información que el autor del documento no desmiente, era secretario provincial entonces y, por lo tanto, llevaba las riendas del partido también en materia de campaña electoral. Además, sobre él se cierne una de las grandes incógnitas: una de las anotaciones del documento apunta a aportaciones de 'limpieza Diputación', que podría ser una concesionaria de este servicio en época de Fernández Mañueco como presidente. Motivo por el cual los focos apuntan al alcalde como ya lo hicieron con el caso Malotas, el fallido intento de financiar con dinero público un polígono industrial privado.