El PP de Castilla y León, contra la corrupción: plantea una reforma del Estatuto y el reglamento de Las Cortes

Propone limitar el mandato de la Presidencia de la Junta y de las Cortes, así como el de los procuradores y su aforamiento o la dedicación exclusiva.

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León propondrá mediante diversas iniciativas reformar el Estatuto de Autonomía, el reglamento del Parlamento autonómico y la Ley Electoral de la Comunidad con el fin de avanzar en regeneración democrática, austeridad y la lucha contra la corrupción.   

 

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Grupo, Carlos Fernández Carriedo, quien ha concretado que entre las medidas que se proponen están limitar el mandato de la Presidencia de la Junta y de las Cortes, así como el de los procuradores y su aforamiento o la dedicación exclusiva, limitar las consejerías del Gobierno autonómico.

 

Fernández Carriedo ha explicado que esta PNL para su debate en el próximo pleno en la que se plantean diversas iniciativas responde a los planteamientos del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre la necesidad de avanzar hacia la regeneración democrática, la austeridad y la lucha contra la corrupción. Lo primero que se propone es que los grupos parlamentarios estudien una futura reforma estatutaria con nueve aspectos como la reducción del número de procuradores en las Cortes, con el mantenimiento de un adecuado grado de representatividad; limitar las consejerías de la Junta a un máximo de nueve; y una regulación específica que fortalezca el papel de las corporaciones locales.

 

Asimismo, propone limitar los mandatos de los presidentes de la Junta y de las Cortes así como de los procuradores, a los que se limitaría su aforamiento; establecer un mínimo de gasto social en la Comunidad; y elevar a rango estatutario la previsión de una red de protección a las personas y familias más vulnerablesFinalmente, se trataría de incorporar al Estatuto el derecho de los ciudadanos a la participación, al buen gobierno y al acceso a la información. Por otro lado, en la PNL se propone también que los grupos estudien impulsar una propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes, con diez aspectos, el primero para adecuarse a las previsiones recogidas por el Estatuto tras la reforma de 2007.

 

 

REDUCIR DEDICACIÓN

 

Carriedo ha explicado que se propone reducir el número de procuradores con dedicación exclusiva (actualmente el máximo es 20 de  84), a pesar de que las Cortes es de los parlamentos más austeros. Por otra parte, se propone regular el ejercicio del derecho de acceso a la información ante las Cortes; fortalecer el papel de los procuradores en los grandes debates, con turnos de palabra abiertos a título individual; ampliar el calendario parlamentario a enero y julio; crear una comisión de peticiones y participación ciudadana; y simplificar y racionalizar los procedimientos para el ejercicio de las funciones de control de la Junta por las Cortes.

 

También la propuesta incluye crear una "Oficina del Ciudadano" en cada uno de los grupos parlamentarios sin que suponga un incremento de las asignaciones y adoptar medidas para que todas las sesiones del pleno y las comisiones que no hubieran sido declaradas secretas con arreglo a las previsiones del reglamento puedan ser seguidas a través de emisiones abiertas y en directo por Internet.

 

Por último, se aboga por establecer la obligación para todos los procuradores de formular ante notario, al inicio y al final de su mandato, declaración de la situación patrimonial y la regulación de su publicidad, además de continuar con la presentación anual de copia de las declaraciones de IRPF y de Patrimonio, si procede. 

 

El tercer punto de la PNL se dirige a la Junta, a la que se insta a adoptar medidas con respecto a la participación ciudadana en el diseño y seguimiento de las políticas públicas. En concreto, las medidas incluyen publicar con periodicidad mensual, en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta, la información sobre el estado de ejecución presupuestaria --que debe publicarse según la Ley de Transparencia estatal-- y el resultado de la evaluación de objetivos, lo se utilizará para el diseño de futuras políticas.

 

Otra de las propuestas pasar por regular por ley la participación ciudadana en anteproyectos de ley, proyectos de decreto, estrategias, planes y programas, así como en otros procesos de toma de decisiones que afecten al interés general.

 

En la PNL se insta también a garantizar por ley que las aportaciones que realicen los ciudadanos sean tomadas en consideración y contestadas  y utilizar las redes sociales para que los ciudadanos, periódicamente, puedan dirigir preguntas al presidente de la Junta y a los consejeros. También se propone impulsar más la participación de las organizaciones sociales, entes locales y agentes económicos y sociales en los diferentes consejos y órganos de participación para participar en el diseño de políticas públicas sectoriales y aumentar los conjuntos de datos abiertos puestos a disposición de los ciudadanos.

 

 

TRANSPARENCIA

 

En un cuarto punto de la Proposición, se insta a la Junta a impulsar o adoptar medidas con respecto a la transparencia de la Administración y al control de su funcionamiento y a la regeneración de la vida pública. Para ello, se propone anticipar el cumplimiento de la obligación incluida en la Ley de Transparencia estatal --cuya entrada en vigor para las comunidades se fija en diciembre de 2015-- de publicar en el Portal de Gobierno Abierto todas las contrataciones que se realicen por la Administración de la Comunidad y por todos los entes públicos autonómicos, cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicación.

 

A este respecto, la propuesta pide indicar, al menos y para cada caso de estas contrataciones, el objeto del contrato, el procedimiento de adjudicación, la cuantía de la adjudicación, el adjudicatario y la relación de los otros ofertantes en el procedimiento, si los hubiere, y la cuantía económica de las ofertas presentadas.

   De la misma forma, se propone anticipar la obligación de publicar los informes de evaluación detallada de políticas y programas relevantes en el Gobierno Abierto y ampliar en la Comunidad las obligaciones de publicidad activa reguladas en la ley de transparencia estatal.

 

Otra propuesta es modificar la ley del Consejo de Cuentas para que el plan anual no se someta a aprobación por las Cortes y establecer para todos los altos cargos, incluidos los de las instituciones propias, la obligación de formular ante notario, al inicio y final de su mandato, declaración de la situación patrimonial y la regulación de su publicidad.

 

También se propone incorporar en la Inspección General de Servicios de la Junta una unidad de conflictos de intereses, encargada de analizar e informar en relación con los mismos e introducir en distintos niveles educativos materias y contenidos, éticos, de valores y contra la corrupción.  Además, se insta a la Junta a impulsar la modificación de la Ley Electoral para incluir la obligación de celebrar al menos un debate en cada campaña autonómica.

 

En el último punto de la PNL se insta a la Junta a que requiera al Gobierno central a acelerar "al máximo" la tramitación del proyecto de ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y las iniciativas precisas contra la corrupción como prohibir las donaciones de empresas a partidos y limitar las donaciones de particulares; prohibir que los bancos les perdonen deudas; control parlamentario del indulto: mejoras en la iniciativa legislativa popular; reformas para agilizar procedimientos penales y regular los mecanismos para que los corruptos devuelvan las cantidades defraudas.

   Carriedo ha señalado que se trata de un conjunto de iniciativas "ambicioso, realista y coherente" y ha señalado que algunas de ellas, como las que se refieren a la Junta, pueden ser de rápido cumplimiento, mientras que en las demás se aboga por el consenso de los grupos, a los que se ha invitado a participar, lo que llevará más tiempo.

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