El personal docente no universitario pide una mayor justificación para los conciertos educativos

Manifiestan su rechazo al Dictamen del Proyecto de Orden por la que se establecen las normas para la aplicación del Régimen de Conciertos Educativos a los centros privados de Castilla y León.

La Junta de Personal Docente No Universitario de Ávila ha manifestado su rechazo al Dictamen del Proyecto de Orden por la que se establecen las normas para la aplicación del Régimen de Conciertos Educativos a los centros privados de Castilla y León.

 

Sostienen su oposición al mantenimiento de los conciertos con centros que segregan al alumnado, así como al mantenimiento de conciertos de unidades de infantil, primaria y ESO en localidades del medio rural donde no hay suficiente alumnado para completar una línea educativa o se cierra un centro público.

 

De igual manera, manifiestan sus dudas sobre la legalidad de que este proyecto trate de forma general e indiferenciada la concesión de conciertos a todos los niveles y etapas educativas, sean de enseñanza obligatorias o postobligatorias, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 116 apartados 1 y 7, establece que "el concierto para enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular…".

 

La Junta de Personal Docente No Universitario rechaza también el mantenimiento de conciertos de unidades de Bachillerato donde no se justifican por necesidades de escolarización. Asimismo valoran que los conciertos en las enseñanzas de Grado Medio y Superior de Formación Profesional "solo habrían de realizarse con carácter excepcional, y nunca en ciclos que no cuenten con oferta pública".

 

Por estos motivos solicitan que las concesiones de los conciertos educativos y subvenciones a la iniciativa privada se justifiquen en necesidades de escolarización reales y en ningún caso sustituyan a la obligación que tienen las Administraciones Educativas a garantizar y ofertar la existencia de plazas públicas suficientes.

 

Piden también que no se mantengan o renueven los conciertos en zonas donde se suprimen plazas en los centros públicos ni en aquellos que segreguen al alumnado, así como una regulación diferenciada en el concierto de la enseñanza obligatoria y gratuita de la postobligatoria.

 

Por último, solicitan que en la Comisión Regional de Conciertos Educativos esté representada la Educación Pública por al menos un representante del profesorado a respuesta de la Mesa Sectorial de Educación y un representante de las familias de los centros públicos.