El nuevo contrato del Estado con Renfe garantiza tres años la media distancia

Dos trenes en una estación de Castilla y León.

La operadora cobrará 1.500 millones de euros para garantizar los servicios de obligación de servicio público hasta 2015. El Valladolid-Zamora-Puebla, el Madrid-Ávila-Salamanca y multitud de conexiones desde Valladolid van en el lote.

Las conexiones ferroviarias menos rentables de la Comundiad tienen asegurada su continuidad, al menos, hasta el 1 de enero de 2016. Así se desprende del contrato firmado por Renfe y el Ministerio de Fomento para que el Estado pague cerca de 1.500 millones de euros en tres anualidades por prestar los servicios denominados de obligación de servicio público. Una categoría en la que están aquellas líneas que Fomento consideró vitales en su reestructuración del pasado diciembre de 2012 y que se libraron del cierre.

 

Esta decisión asegura la permanencia de conexiones como el Valladolid-Zamora-Puebla de Sanabria, el Salamanca-Ávila-Madrid o multitud de conexiones desde Valladolid, además de líneas con origen o destino en Ávila, Palencia, León, Burgos... Que tienen por delante un horizonte de tres años en los que está asegurada su operatividad.

 

El contrato forma parte del proceso para reorganizar Renfe y Adif, las bases de la infraestructura y el servicio ferroviario en España, y que el Gobierno puso en marcha meses atrás para frenar las pérdidas constantes y la acumulación del déficit. El plan previsto incluye permitir la entrada de operadores privados en el transporte de mercancías y en la alta velocidad de pasajeros, pero también asegura la prestación de los servicios más básicos.

 

El contrato establece las condiciones conforme a las que Renfe deberá prestar durante 2013, 2014 y 2015 los servicios ferroviarios de Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico declarados obligación de servicio público el pasad año en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2012, así como la compensación a la que tendrá derecho la operadora. El Estado abonará a la empresa pública una compensación económica por obligaciones de servicio público con un techo máximo de 1.507.033.000 euros: 510.209.000 euros, por la prestación del servicio en 2013; 501.448.000 euros en 2014; y 495.376.000 euros en 2015.

 

 

El contrato también marca el volumen de oferta que prestará Renfe, así como el material rodante que se utilizará en estos servicios públicos. Además, Renfe deberá prestar los servicios con arreglo a unos niveles de calidad en lo que se refiere a puntualidad, satisfacción percibida por el cliente, comodidad o confort.

 

En diciembre de 2012, el Consejo de Ministros estableció qué conexiones pasaban a ser consideradas de obligación de servicio público. Esta fórmula es la que empleó para distinguir entre los servicios básicos que se mantendrían y por los que el Estado abonaría compensaciones a Renfe y los que no; en este último grupo había varios servicios de tipo regional con un número muy bajo de pasajeros y para los que dejaba de ser obligatorio pagar a Renfe, lo que ha derivado en su desaparición, caso del regional Puebla-Orense, el Ávila-Salamanca o varias conexiones entre Madrid y Ávila y Segovia, por citar algunos casos. Todo ellos tenían una ocupación por debajo del 15% y arrojaban importantes pérdidas por la diferencia entre el coste de la explotación y el retorno en la venta de billetes.