El mercado para pymes podría movilizar 1.000 millones el primer año, con una rentabilidad de hasta el 10%

El Gobierno exigirá a las pymes que acudan al nuevo mercado un folleto aprobado por la CNMV y estudia incentivos fiscales para atraer inversores


MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El nuevo Mercado Alternativo de Renta Fija (Marfi) para pymes y medianas empresas que el Gobierno quiere tener listo después del verano podría movilizar unos 1.000 millones de euros durante su primer año, con una rentabilidad que podría situarse entre el 6% y el 10%, según datos de Axesor, empresa especializada en información y gestión del riesgo crediticio.

El objetivo de este mercado alternativo es que se produzcan entre 20 y 30 emisiones al año y, según el borrador del proyecto del Gobierno, al que tuvo acceso Europa Press, las emisiones serían de entre 20 y 25 millones de euros, si bien no descarta que puedan producirse a partir de 10 millones.

Según Axesor, en España habría un grupo de unas 780 empresas susceptibles de emitir deuda en este mercado, con un ebitda superior a los 12 millones de euros, un rating estimado superior o igual a 'B', un ratio de deuda financiera sobre el beneficio inferior a 3,5 veces, un incremento de la facturación y el ebitda igual o superior al 5% entre 2011 y 2012 y una facturación internacionalizada y diversificada.

El 53% de estas compañías pertenece, según la firma especializada en información empresarial, al sector industrial y el 24% al sector comercial.

Con este nuevo mercado, que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Debate sobre el estado de la Nación, el Ejecutivo pretende que las pymes españolas tengan otras fuentes de financiación, más allá de la procedente de los bancos, en un momento de restricción del crédito. De hecho, en España la financiación no bancaria de las pymes apenas representa el 22%, frente al 55% de Francia, el 45% de Alemania o el 70% de Estados Unidos.

En el borrador del proyecto se especifica que el objetivo del Marfi es desarrollar un mecanismo que permita a las empresas "solventes y sanas" acceder a liquidez a corto plazo, atrayendo el capital de inversiones institucionales nacionales y extranjeros principalmente.

INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN.

Para asegurar el éxito de este nuevo mercado, el Gobierno estudia la posibilidad de articular incentivos fiscales que, al menos, equiparen el tratamiento de la inversión en este mercado al que recibe la inversión en mercados secundarios oficiales. Estos incentivos, añade, podrían establecerse tanto para la inversión directa, como para la inversión a través de un vehículo de inversión que invirtiera al menos un porcentaje predeterminado en este tipo de valores.

En cuanto a las emisiones, el borrador del Ministerio de Economía precisa que se articularían tanto a través de pagarés como de bonos, principalmente a corto plazo, si bien no descarta permitir la negociación también de instrumentos a largo plazo. "Esto permitiría al emisor obtener economías de escala si decidiera emitir diferentes instrumentos y al inversor, encontrar el instrumento que más se adecúe a sus objetivos de rentabilidad-riesgo", añade.

Por último, Economía afirma que los requisitos que tendrán que cumplir las pymes para llevar a cabo las emisiones serán "más flexibles" que los existentes en mercados secundarios oficiales, pero lo "suficientemente exigentes" para asegurar la confianza de los inversores en materia de transparencia e información sobre la solvencia de la empresa.

CUENTAS AUDITADAS Y PUBLICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES.

En concreto, se podrían exigir cuentas anuales auditadas, informes semestrales y publicación de hechos relevantes. El folleto, documento necesario en las emisiones en mercados secundarios, sería sustituido por un documento informativo más simplificado y con un formato estandarizado, pero aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En materia de valoración de solvencia, el Gobierno podría aceptar la no exigencia de una calificación crediticia, que podría ser sustituida por un informe de solvencia, si bien serían las propias empresas las que decidirían qué opción escoger teniendo en cuenta las preferencias de los inversores.