El ICO aportará hasta 10.000 millones de los 35.000 que el Gobierno destinará a pagar a los proveedores

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Fondo que canalizará un crédito sindicado bancario
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aportará 7.000 millones de euros ampliables a 10.000 millones al mecanismo diseñado por el Gobierno para facilitar préstamos a las administraciones públicas para que puedan hacer frente a las deudas pendientes con proveedores.

Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad han explicado que el ICO financiará así parte de los préstamos sindicados por valor de hasta 35.000 millones que se canalizarán a través del fondo habilitado por el Gobierno para poner en marcha este mecanismo.

Además, el ICO no solo financiará parte de los préstamos, sino que se convertirá en mediador entre el Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos y comunidades, ya que será el que reciba la información que certifique la autenticidad de los acreedores.

El ICO recibirá esta información de los proveedores y se la enviará a las entidades financieras que quieran participar en el proceso. Además, se encargará de informar al Departamento dirigido por Cristóbal Montoro y a los propios ayuntamientos y comunidades autónomas.

Los préstamos habilitados a través del fondo estarán avalados por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos.

Cada préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las entidades locales solo pagarán los intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los ayuntamientos para devolverlo será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que realizará el Fondo para la financiación.

El coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado, con un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre Tesoro. En la actualidad, el interés rondaría el 5%.

Participación mayoritaria de bancos
En este sentido, las mismas fuentes han explicado que los ayuntamientos tienen hasta el 15 de marzo para enviar al Gobierno la información sobre las deudas pendientes de pago, mientras que las comunidades podrán hacerlo hasta finales de abril.

El mecanismo de pago, que según el Gobierno supone una operación de financiación muy compleja y sin precedentes, ha tenido una acogida general muy positiva, por lo que el Ejecutivo espera una participación mayoritaria del sistema bancario.

El Gobierno completa el mecanismo para que los proveedores empiecen a cobrar deudas en el mes de mayo
Por su parte, el Gobierno ha completado el mecanismo diseñado para que las administraciones públicas puedan acceder a préstamos sindicados por valor de hasta 35.000 millones de euros para pagar sus deudas pendientes con proveedores a partir del mes de mayo.

Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Fondo que canalizará un crédito sindicado bancario, de un volumen en torno a 35.000 millones de euros, avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos.

El préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las entidades locales solo pagarán los intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los ayuntamientos para devolverlo será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que realizará el Fondo para la financiación.

El coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado, con un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre Tesoro. En la actualidad, el interés rondaría el 5%.

El nuevo mecanismo permitirá, según el Gobierno, saldar las deudas comerciales de las corporaciones locales y se podrá aplicar también a los pagos pendientes de las comunidades autónomas, en línea con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo.

De esta forma, el mecanismo permitirá propiciar una reestructuración ordenada de la deuda comercial de comunidades y ayuntamientos, ya que, según el Ejecutivo, es la "mayor operación" de refinanciación realizada en España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la importancia de este mecanismo porque permite devolver la credibilidad a las administraciones y supone un estímulo "importante" para la reactivación económica.