El Gobierno suspende temporalmente la instalación de nueva potencia renovable con prima

Soria no se ha planteado una tasa a la nuclear o una quita del déficit de tarifa

El Gobierno ha aprobado un real decreto ley en materia energética que recoge un parón a la instalación de nueva potencia renovable con prima mediante la supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos tanto a las energías renovables como a la cogeneración y la producida a partir de residuos.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la medida se aplicará con carácter "temporal" y justificó su aplicación en aspectos como los 7.220 millones de euros que, previsiblemente, se destinarán a las primas al régimen especial en 2012. El 70% del importe corresponde a las renovables.

"De momento", las renovables dejar de estar "primadas con los Presupuestos Generales del Estado", afirmó acerca de la retribución que reciben estas tecnologías, que se carga sobre el recibo de la luz. La duración de la medida no está "predefinida en el tiempo" y "se enmarca en la necesidad de contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit público", señaló.

Soria explicó que la medida no es retroactiva, por lo que "no afecta a ningún derecho adquirido" de los actuales promotores, y señaló que forma parte de un "paquete más amplio" de decisiones sobre el sector energético.

No obstante, aseguró que por el momento el Gobierno no se ha planteado ninguna tasa a la nuclear ni una quita del déficit de tarifa, al tiempo que aprecia "aspectos mejorables" en el 'pool' eléctrico, si bien no ha diseñado todavía una "solución definitiva" sobre este aspecto.

160 millones anuales
En principio, la suspensión evitará la instalación con primas de 500 megavatios (MW) renovables que se encontraban a la espera de entrar en el registro. Esta potencia evitará el pago de incentivos por 160 millones de euros al año, afirmó el ministro.

Junto a esto, Soria explicó que el sistema eléctrico no tiene "problemas de producción, generación o capacidad instalada", al tiempo que existe un déficit tarifario acumulado de 24.000 millones de euros que crece cada año.

Dentro de la tarifa eléctrica, señaló, la partida de peajes, que incluye primas y la amortización del déficit de tarifa, ronda el 50%. Además, el aumento de la deuda eléctrica supone una "amanaza para el sistema eléctrico", señaló.

"Primer paso"
El ministro aseguró que esta medida sobre las renovables es "solo un primer paso" en la reforma del sector energético y sostuvo que no afectará al suministro, porque "la capacidad instalada es más del doble de la demanda punta". Además, dijo que el Gobierno tiene una "apuesta firme por las renovables".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, explicó que el real decreto ley contribuye a reducir el "déficit público" y recordó que el Gobierno está trabajando en un conjunto de reformas estructurales para "modernizar y mejorar estructuras que están impidiendo recuperar la confianza y no dan la suficiente flexibilidad".

Costes demasiado elevados
En comunicado, el Ministerio de Industria asegura que con la medida se pone un "freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico". "La medida no pondrá en riesgo la seguridad de suministro ni el cumplimiento de los objetivos renovables con la Unión Europea", afirma.

La "crisis económica" y la situación del sistema eléctrico, "que arrastra un elevado y creciente déficit de tarifa que amenaza su sostenibilidad", son las dos justificaciones para la aplicación de la medida, señala la nota.

Los objetivos de potencia para 2020 recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables, señala, permiten al Gobierno disponer de un "holgado margen de maniobra" en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual.

Por otro lado, el Ministerio ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) dos cartas en las que se le solicita que se pronuncie sobre todos los aspectos relevantes para abordar el problema del déficit tarifario tanto en el sector eléctrico como en el del gas.