El Gobierno recurre la tasa judicial catalana de 120 euros porque grava un hecho imponible ya gravado por el Estado

Soraya Saénz de Santamaría
Santamaría dice que Justicia está hablando con los sectores afectados por las reformas y que el Gobierno busca y fomenta el diálogo


MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno acordó hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional las tasas judiciales aprobadas por la Generalitat de Cataluña en marzo pasado y que suponen un pago de 120 euros por la prestación de servicios personales y materiales en la Administración de Justicia. El Ejecutivo argumenta que "vulnera" el bloque constitucional porque establece un impuesto sobre un hecho imponible ya gravado por tributos estatales. Además, y en relación con las protestas de los distintos colectivos judiciales en el ámbito estatal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ministro Justicia está hablando con todos los sectores.

El recurso del Ejecutivo contra las tasas judiciales catalanas se presentará ante el TC contra los artículos 16 y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas. Se trata de un recurso contra la tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia.

La vicepresidenta explicó que esta decisión se adopta después de que no fuera posible un acuerdo con la Generalitat durante las negociaciones mantenidas en la mesa de diálogo con Cataluña, que prevé la normativa reguladora del TC. En esta negociación había tres puntos: las tasas, el euro por receta y otro asunto relativo al patrimonio cultural catalán.

La Portavoz del Ejecutivo dejó claro que "desde primer momento" estos asuntos se abordaron en mesas de diálogo y se intentó "durante meses" encontrar fórmulas y acuerdos que permitieran cumplir la Constitución.

VULNERA EL BLOQUE CONSTITUCIONAL

Sin embargo, según Santamaría, no ha sido posible un acuerdo en los dos primeros asuntos, aunque sí en el tercero. En el caso de la tasa judicial, la Portavoz del Ejecutivo aseguró que "el hecho imponible coincide sustancialmente con lo que ya está previsto desde hace tiempo en el ámbito de la normativa estatal respecto a la tasa para ejercer la potestad jurisdiccional".

Además, argumentó que la tasa catalana "vulnera una norma importante del llamado bloque de la constitucionalidad". Se trata, dijo, del artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, que prohíbe que las autonomías puedan establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por tributos estatales.

En lo que sí ha habido acuerdo con Cataluña ha sido en la gestión del patrimonio cultural, que establecía un derecho de tanteo sobre las transmisiones de la propiedad o de cualquier derecho sobre bienes culturales, de interés nacional, bienes muebles o catalogados u otros sobre el patrimonio cultural catalán. "Se ha llegado a un acuerdo para que se contemple el respeto a los derechos que el Estado puede tener en esas adquisiciones preferentes", precisó la Portavoz.

JUSTICIA HABLA CON LOS SECTORES AFECTADOS

La vicepresidenta también fue preguntada por las protestas de jueces, fiscales y abogados y explicó que el Ministerio de Justicia "está hablando y seguirá" en contacto con todos los sectores afectados porque, dijo, es necesario hacer muchas reformas en materia de Justicia. "Buscaremos y fomentaremos el diálogo", apostilló.

En cuanto a los formularios para el pago de las tasas, que aún no están listos aunque ya han entrado en vigor las nuevas tasas judiciales, explicó que el Ministerio de Hacienda está trabajando en el diseño de los mismos para que permitan efectuar el pago de la manera que sea más fácil para los usuarios. Santamaría señaló que esta tarde, el citado departamento ministerial dará información sobre los cálculos con los que trabaja para su puesta en circulación.