El Gobierno permite a los Ayuntamientos cobrar IBI a edificios históricos con actividad económica

El Gobierno ha decidido recuperar un gravamen especial del 5% para la actualización de balances de las empresas, que aportará 300 millones

El Gobierno permitirá a los ayuntamientos que puedan gravar a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el patrimonio histórico artístico que esté afecto a actividades económicas.

Esta medida forma parte de un proyecto de ley de medidas tributarias aprobado hoy por el Consejo de Ministros junto a los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que tiene como objetivo "consolidar las finanzas públicas e impulsar la actividad económica".

En concreto, el Gobierno espera recaudar 4.375 millones de euros con la aplicación de seis nuevas medidas tributarias que tendrán efecto recaudatorio en 2013 y 2014.

El mayor impacto recaudatorio vendrá en el Impuesto de Sociedades por la eliminación de la deducción por amortización a las grandes empresas, lo que aportará 2.371 millones.

Así, de forma temporal para 2013 y 2014, Hacienda limitará la deducibilidad fiscal de las amortizaciones del inmovilizado material realizadas por grandes empresas. Será de un 70% del máximo previsto en tablas. La medida tendrá efectos en 2013 a través de los pagos fraccionados. Quedan excluidas las pymes y micropymes, que podrán amortizar normalmente.

IMPUESTO A LAS LOTERÍAS
Por otra parte, Hacienda fijará un gravamen del 20% sobre los premios de loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por las Comunidades Autónomas, y de los sorteos organizados por la Cruz Roja y la ONCE, y que aportará 824 millones a las arcas del Estado.

Se aplicará a los premios que se celebren a partir del 1 de enero de 2013. Quedan exentos los que cuenten con un importe inferior a 2.500 euros.

Por otro lado, en relación al Impuesto sobre el Patrimonio se prorroga al 1 de enero de 2014 la tributación sobre el patrimonio de las personas físicas. Las Comunidades Autónomas tienen potestad para establecer bonificaciones en este tributo que supondrá 700 millones de euros.

A esto se unirán los 90 millones que aportará la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual, que ya había anunciado en julio el Ejecutivo.

Además, el Gobierno ha decidido recuperar un gravamen especial del 5% para la actualización de balances de las empresas, que aportará 300 millones.

Dentro de este paquete de medidas, el Gobierno permitirá en 2013 la actualización monetaria por parte de las empresas del último balance aprobado por ellas. Se trata de adaptar los valores contables a la evolución de la inflación. Con ello se evitan tensiones inflacionistas en las empresas y a la vez que se acerca el valor contable al valor de mercado.

La actualización tendrá carácter voluntario, se extenderá tanto a personas jurídicas como físicas y estará sometido a una carga fiscal del 5% del importe de la actualización. Abarcará el activo del inmovilizado material y los arrendamientos financieros.

El importe de las revalorizaciones contables se llevará a una cuenta específica de reserva de revalorización. Posteriormente, se podrá destinar esta cantidad a la reducción de resultados contables negativos, a la ampliación del capital social o a reservas de libre disposición. Por tanto, la medida permitirá también potenciar la financiación interna de las empresas al mejorar su capacidad de acceso al mercado de capitales y de deuda.

Los coeficientes de actualización se establecerán reglamentariamente para su aplicación sobre el precio de adquisición y amortizaciones. La actualización de balances es una medida que se realiza con cierta periodicidad. Las últimas fueron aprobadas en 1983 y 1996.

PLUSVALÍAS A CORTO
Por último se modifica el régimen de tributación de las plusvalías en el primer año, que se gravarán en función del tipo marginal del IRPF (90 millones).

El objetivo de esta medida es frenar los movimientos especulativos. De esta forma, se incorporarán en la base imponible general del IRPF las ganancias que deriven de la venta de elementos patrimoniales que hubieran permanecido un año o menos en el patrimonio del contribuyente. Éstas pasarán a tributar a la tarifa general, es decir, al tipo de gravamen del contribuyente en vez de al tipo de gravamen del ahorro en que se encuentran encuadradas ahora.