El Gobierno abre el mecanismo para que las CCAA normalicen su pago con los proveedores antes de fin de año

El Gobierno pone en marcha el último tramo del mecanismo para las Comunidades Autónomas, como estaba previsto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.


El Gobierno, a través de la Comisión Delegada General para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado hoy la puesta en marcha del último tramo para CCAA del mecanismo extraordinario de pago a proveedores previsto en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, de forma que se iniciará el pago a los proveedores en el mes de diciembre.


Así, se permitirá que las Comunidades Autónomas puedan normalizar todos sus pagos pendientes y reducir su deuda comercial acumulada, antes de la entrada en vigor de la nueva normativa en materia de morosidad, atendiendo al resto de proveedores no cubiertos en el primer tramo, que se inició en junio, ya que éste priorizó el pago de servicios básicos, como conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios sociales, convenios, transferencias al tercer sector y subvenciones en I+D+i, así como todos los proveedores de las entidades locales.



Al igual que en las operaciones anteriores de pago a proveedores, la adhesión está sujeta a la aprobación de un plan de ajuste o revisión del existente, que garantice la eficiencia, eficacia y racionalización del gasto, de manera que permita la sostenibilidad financiera de las cuentas de la Comunidad Autónoma solicitante, y se garantice un ahorro de costes, que haga posible el cumplimiento de los objetivos marcados en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


Procedimiento


Para atender las obligaciones pendientes de pago se atenderá al siguiente procedimiento:


- Hasta el 23 de octubre de 2013, la Comunidad Autónoma deberá enviar por vía telemática y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en la que figuren las obligaciones pendientes de pago.


- Hasta el 28 de octubre de 2013, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará comprobaciones sobre la relación remitida por las Comunidades Autónomas y se subsanarán los errores detectados.


- Desde el 29 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2013, los proveedores podrán consultar esta relación y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo.


- Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán solicitar hasta el 15 de noviembre de 2013 a la Comunidad Autónoma deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago.


- El certificado individual se expedirá por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en el plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada.


- Hasta el 29 de noviembre de 2013, el Interventor General de la Comunidad Autónoma comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación completa certificada de las facturas hayan sido aceptadas por los proveedores


- Una vez recibida, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprobará la adecuación de la cuantía de las obligaciones registradas en 2013 a la revisión del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para 2013 y, en su caso, se aplicará como criterio de prioridad de pago la obligación pendiente de pago más antigua.


Esta última fase forma parte del Plan de la erradicación de la Morosidad en el sector público aprobado el pasado mes de julio, dentro de las medidas de reforma de las Administraciones Públicas (CORA), entre las que se encuentra la obligación de emitir factura electrónica en el ámbito de las Administraciones Públicas y la creación de un Registro contable de facturas, para que todas las facturas queden bajo el debido control y pago en tiempo y forma.


El Gobierno considera que la reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas es un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española, ya que permite reducir las necesidades de financiación de las empresas, que pueden aprovechar mejor sus oportunidades de negocio y facilitar el crecimiento económico.
Se estima que el incremento de liquidez a proveedores derivado de esta fase del mecanismo junto con la financiación directa a proveedores a través de Fondo de Liquidez Autonómico, aumentará el nivel del PIB en 1,5 por ciento el primer año y en 1,9 por ciento el segundo año en relación con los niveles respectivos en ausencia de esta medida.