El exjefe de Minas de Valladolid será juzgado desde este lunes por un delito continuado de cohecho

La Junta, pese a la pretensión de las acusaciones, figura también como perjudicada y no como responsable civil subsidiario


VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Valladolid sienta desde este lunes, día 11 de diciembre, al que fuera jefe de la Sección de Minas de la Delegación Territorial de la Junta Maurilio P.C. por delito continuado de cohecho por presionar, supuestamente, a empresarios del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran a él y su hermano, también imputado, socios de dichas mercantiles como condición para no perjudicarles.

El juicio contra Marulio P.C, su hermano Amado y José María I.F, estos dos últimos ingenieros del ramo, se prolongará en principio hasta este viernes en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Este mismo tribunal se vio obligado en mayo de 2011 a suspender la vista ante la pretensión de parte de las acusaciones particulares de que la Junta de Castilla y León compartiera igualmente banquillo como responsable civil subsidiario de las posibles indemnizaciones derivadas de la actuación supuestamente delictiva de los encausados.

La decisión de la Sala tiene su origen en el auto de apertura de juicio oral dictado el 13 de julio de 2009 por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que entonces no abrió pieza para determinar la responsabilidad civil subsidiaria, de ahí que dos de los cuatro acusadores particulares, en representación de las empresas Julio C. Valle Feijoo y Minas y Álvarez Fray, plantearan como cuestión previa la nulidad de actuaciones para que la Junta, que en la presente causa figura también como acusación particular, figurase a su vez como parte denunciada a los efectos de una posible responsabilidad civil subsidiaria.

Sin embargo, el instructor, en una resolución refrendada más tarde por la Audiencia Provincial, acordó que la Administración regional figure en el proceso como acusación particular y no como responsable civil subsidiario, cuestión que no es baladí ya que sólo la empresa Álvarez Fray, que comparte acusación particular con Julio C. Valle Feijoo y Minas y Gracalsa, solicita un conjunto de indemnizaciones cercano al millón de euros.

GREDILLA, GARCÍA GALVÁN Y DELGADO, TESTIGOS

El juicio contará entre sus testigos con la presencia del que en la época investigada fuera delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, hoy portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, así como del exdelegado de la Junta Mariano Gredilla y del exsecretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado, casualmente sustituido en este cargo por el anterior.

A Maurilio P.C, exjefe de Minas, se le acusa, como principal cargo, de haber coaccionado a empresarios del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran a él y a su hermano, el también acusado Amado P.C, socios de dichas mercantiles como condición para no perjudicarles.

Con carácter provisional, Maurilio P.C. se enfrenta a una posible condena global de seis años de cárcel, en concreto dos años de privación de libertad, seis de inhabilitación y 30.000 euros de multa por delito continuado de cohecho, en concurso con otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y otros cuatro años, multa de 6.750 euros, inhabilitación por tres años por un delito de falsedad en documento oficial, además de otros 450 euros de multa por una falta de intrusismo.

Para su hermano, Amado P.C, la acusación pública interesa también dos años como cooperador necesario en el delito continuado de cohecho, inhabilitación por cinco años y 30.000 euros de multa.

En el banquillo se sienta igualmente el ingeniero de Minas José María I.F, para quien el fiscal solicita el sobreseimiento pero que figura como imputado por las empresas Álvarez Fray y Julio C. Valle Feijoo y Minas.

Las acusaciones consideran como hechos probados que Maurilio P.C. compaginó el puesto de jefe de Minas, en comisión de servicios y durante diferentes periodos entre los años 2000 y 2004, con el de delegado del Colegio de Ingenieros de Minas, con sede, al igual que el domicilio del acusado, en la calle Marcelo González, donde, además también contaba con oficina la mercantil 'Asesoría Integral a la Minería', cuyo objeto social era coincidente con el ámbito de actuación de la jefatura minera y que fue constituida el 12 de febrero del 2003 por la esposa del imputado, única socia y administradora.

En su relato de hechos, sostienen que durante el tiempo en el que Maurilio P. ocupó la Jefatura de Minas utilizó su cargo para "presionar" al empresario Julio César V.F, que había acudido a interesarse por un expediente que tramitaba, con el objetivo de que le hiciera a él o a su hermano, también acusado, socio de su empresa, 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico', constituida el 23 de febrero de 2001, así como para que fuera él mismo el que decidiera quién debería ser el técnico que debía firmar y cobrar los proyectos que presentase la mercantil en la Sección de Minas.

SUS INFORMES Y EL FUTURO DE LA EMPRESA

En caso contrario, le advirtió de que la marcha de su sociedad dependía de los informes suyos como jefe de Minas, y "que si no hablaba bien de ella tendría los días contados", por lo que el empresario se plegó finalmente a tales requerimientos.

Así, el representante de 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico' hizo socio de la misma a Amado P.C, hermano del jefe de Minas, y le vendió 564 acciones por un importe estimado en septiembre del 2002 de 5.640 euros.

Pero además, Julio César V.F. llegó a actuar como letrado de Amado P.C, sin remuneración alguna, en un procedimiento en vía contencioso-administrativa, e incluso se "vio obligado" a pagar 8.432 euros de las obras que Maurilio P. realizó en un piso de su propiedad y que se utilizaba como sede del Colegio Oficial de Minas.

Los acusadores entienden que el ex jefe de Minas coaccionó a otros dos empresarios más con igual pretensión al objeto de que contrataran a su hermano o para que fueran firmados por él los proyectos que presentasen, si bien los industriales, representantes de Cementos La Parrilla y Álvarez Fray, no accedieron finalmente a sus pretensiones.