El espacio frente el Colegio de Farmacéuticos seguirá cerrado al uso público

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sentenció que el Ayuntamiento no debió conceder licencia de cerramiento frente al Colegio de Famacéuticos al considerar ese terreno como parte del sistema general de vías públicas. Un Decreto de Alcadía dictado el pasado 28 de abril mantiene éste espacio cerrado al uso público.

Una acción de Alcaldía que ha criticado duramente el portavoz de UPyD Ávila, Javier Cerrajero, que considera "grotesco que el Ayuntamiento utilice la inacción como fórmula para burlar una sentencia judicial y conculcar derechos".

 

La formación magenta lamenta el Decreto de Alcaldía dictado el pasado 28 de abril, por el que considera, en cumplimiento de la sentencia, que no puede revisar de oficio la licencia porque la ley se refiere únicamente a la revisión de oficio cuando hay infracciones urbanísticas graves o muy graves y este supuesto no se encuentra en lo recogido en la ley.

 

En su día, el Ayuntamiento concedió licencia para cerrar la franja de la avenida de Madrid a la altura del número 28. Las puertas instaladas cerraban un terreno libre de edificación colindante, considerada por el Plan General de Ordenación Urbana (tanto el de 1986, como el de 1998 y el de 2005) como parte de la red viaria pública, y cuyo uso proyectado era el de aparcamiento público.

 

Con fecha 12 de diciembre de 2011, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sentenció que el Ayuntamiento no debió conceder licencia de cerramiento al conculcar las disposiciones del PGOU de 2005, que considera ese terreno como parte del sistema general de vías públicas, y condena al Ayuntamiento a proceder a expediente de revisión de la licencia otorgada al Colegio Oficial de Farmacéuticos respecto de las disposiciones del vigente Plan General de Ordenación Urbana, por las obras de vallado realizadas en la avenida de Madrid.

 

En opinión del concejal de UPYD, Javier Cerrajero, “es evidente que el Ayuntamiento, desde 2011, ha utilizado la inacción como fórmula para permitir el cierre de un espacio público, contraviniendo el interés público en favor de intereses particulares”. “La guinda es un decreto de alcaldía que burla claramente el espíritu de la sentencia”, ha lamentado Cerrajero.

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