Dos responsables de un geriátrico estafan 8.900 € con recetas de fallecidos

Hacían uso de la tarjeta sanitaria de ancianos residentes ya fallecidos para conseguír gratis medicamentos y productos sanitarios, generando de forma consciente un sobrecoste al sistema público de salud.

La Guardia Civil ha imputado a dos responsables de una residencia de ancianos de Níjar (Almería) por un presunto delito de estafa ya que según la investigación realizada con la colaboración de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, habría estafado 8.984 euros en recetas eletrónicas atribuidas a 19 personas fallecidas entre enero de 2009 y octubre de 2012.

  

En el marco de la operación 'Sarani', los agentes han imputado a estas dos personas en la que es la tercera operación de este tipo en la provincia, ya que anteriormente se han producido imputaciones de responsables en residencias geriátricas de Vícar y Roquetas de Mar por los mismos hechos bajo el mismo 'modus operandi'

  

Fue durante una visita habitual de inspección de las instalaciones cuando los inspectores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería detectaron una serie de irregularidades, en cuanto a la facturación de medicamentos, dispensados mediante receta electrónica, a pacientes fallecidos de la residencia.

  

Asimismo, según ha puntualizado la Junta en una nota, la Inspección de Farmacia detectó igualmente la existencia de una deficiente conservación de fármacos que requieren condiciones especiales de temperatura y que deben permanecer refrigerados en todo momento, por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador por falta de control y precaución en la conservación y custodia de medicamentos.

  

Tras dar parte a la Guardia Civil, los investigadores verificaron que con posterioridad a su fallecimiento, los responsables del geriátrico continuaban haciendo uso de la tarjeta sanitaria de ancianos residentes, con lo que la residencia conseguía gratuitamente los medicamentos y productos sanitarios, generando de forma consciente un sobrecoste al sistema público de salud.

  

En sus indagaciones, los agentes han detectado el uso de las recetas electrónicas de 19 personas, fallecidas entre enero de 2009 y octubre de 2012, lo que ha supuesto un coste de 8.984 euros para el erario público y con la única finalidad, por parte de los responsables de la residencia de ancianos, de hacer acopio de las medicinas y productos sanitarios para facilitarlos a otros residentes.

  

En anteriores operaciones, los investigadores detectaron el uso fraudulento de las tarjetas sanitarias de 50 personas, con lo que las residencias de ancianos consiguieron medicamentos y productos farmacéuticos por valor de 14.400 euros. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Almería.