Desarticulado un grupo que ofrecía falsos puestos de trabajo en Administraciones Públicas

Efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada Antidroga 'EDOA' de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila han detenido a ocho personas que formaban parte de un grupo organizado al que se acusa de delitos de Estafa, Blanqueo de Capitales y Usurpación de Funciones Públicas, dentro del marco de la 'Operación Moscoso'.

A finales del pasado año, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en varias poblaciones de la provincia se estaba ofreciendo la posibilidad de ocupar plazas en la Administración Pública, sin pasar examen alguno, a cambio de pagar ciertas cantidades de dinero por parte de los interesados.

 

Ahondando en la investigación, finalmente determinaron la existencia de un grupo organizado con funciones jerarquizadas el cual se dedicaba a cometer un delito continuado contra el Patrimonio basado en la estafa.

 

Se averiguó la participación directa de un individuo que, haciéndose pasar por Inspector del Ministerio de Educación y Ciencia y apoyado por un grupo estructurado y ubicado en otras provincias, se dedicaba a la captación de personas, principalmente desempleados sin actividad laboral conocida, a las cuales ofrecía distintos puestos de trabajo de la Administración Pública en su modalidad de 'libre designación' como Coordinadores, Técnicos, Conserjes, etc., a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 500 y 3.000 euros por participante, que tendrían que abonar en un número de cuenta o en efectivo a los estafadores

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Asimismo, se determinó la existencia de tres focos de estafadores ubicados en Ávila, León y Toledo, provincias en las cuales cada uno de ellos captaba a sus víctimas, cuyo jefe sería el que decía ser el Inspector del Ministerio, principal objetivo y residente en Ávila capital.

 

Tras ganarse su confianza estas personas, que por lo general carecían de trabajo estable o estaban parados desde hace tiempo, accedían a las pretensiones de los estafadores y pagaban la cantidad de dinero que se les solicitaba, todo ello en base a apertura de expediente y otros trámites falsos.

 

Para conseguir la confianza de los estafadores, facilitaban números de cuenta bancaria a las víctimas para realizar sus ingresos, solicitándoles documentación personal a cada una de ellas y llegando incluso a la devolución de la cantidad ingresada de aquellas personas que sospechaban del engaño que podrían estar sufriendo. De esta manera hacían ver a los demás afectados que la operación realizada era de total legalidad.

 

Una vez analizadas estas cuentas bancarias se ha contabilizado hasta el momento la cantidad de 96.000 euros estafados, destacando además de la cantidad anotada otra cantidad superior ya que algunos perjudicados habrían pagado en mano a los estafadores, estimándose que, hasta el momento, ha podido afectar el engaño a unas 200 personas.

 

Los estafadores, a la hora de cometer este tipo de delito, utilizaban lo que en el ámbito de la comunicación, marketing y la psicología se denomina 'estrategias persuasivas', con el objetivo de dotar de total credibilidad a sus actos.

 

Su primer objetivo consistía en conseguir que cada víctima creyera fehacientemente en la realidad de la oferta de trabajo que se le presentaba, de tal forma que los estafadores establecían conversaciones telefónicas y personales con sus víctimas para de esa manera ganarse su confianza. Con todo ello, incluso crearon grupos de Whatsapp entre todos ellos para esta informados de las fechas que los estafadores anunciaban para las correspondientes firmas de los futuros contratos y de tan ansiado puesto de trabajo.

 

Una vez que se aproximaba el día de la firma de los mencionados contratos, el estafador participaba a sus víctimas que había existido cualquier tipo de anomalía en el Gobierno Central y/o Europeo, de tal forma que esas fechas eran aplazadas permanentemente.

 

Finalmente se ha desarticulado un grupo de profesionales, repartidos por distintas Comunidades Autónomas, cuyas víctimas del delito residen en las provincias de Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Badajoz, Murcia y Valencia, así como otras que pudieran estar afectadas y que están siendo analizadas.

 

A través de esta información, la Guardia Civil pretende advertir a los ciudadanos de la existencia de esta clase de estafas, sugiriendo que las personas que estén afectadas y no hayan puesto denuncia al respecto, pueden hacerlo personalmente en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a través del teléfono de contacto 920 22 44 00, o en el correo electrónico av-cmd-avila-uopj@guardiacivil.org.

 

Las investigaciones continúan abiertas a través del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Ávila y no se descartan nuevas detenciones. Se estima que en fechas próximas el número de denuncias se incremente al tener ahora conocimiento del fraude que se investiga.