Dependencia y exclusión social a debate por la UCAV y la Fundación Lares

La Universidad Católica de Ávila  y la Fundación Lares han organizado un Seminario de Dependencia y Exclusión Social. Dos realidades y una misión, que tendrá lugar el 19 de noviembre en la sede central del Imserso, en Madrid.

Esta actividad está en marcada en la Cátedra Fundación Lares de la Universidad Católica de Ávila, que será presentada a los asistentes coincidiendo con este acto.

 

El objetivo del Seminario es conocer la realidad de la exclusión social en España y cómo afecta a las personas con dependencia, en concreto a las personas mayores y personas con discapacidad. Para ello, se hablará de la Ley de Dependencia para conocer su alcance y límites, se detectarán las claves para proponer líneas de trabajo (políticas sociales) hacia una sociedad incluyente (inclusiva), y se divulgarán las experiencias concretas de oportunidades de empleo para la inclusión social en el ámbito de la dependencia.

 

El Seminario, de ámbito nacional, está destinado a todas las personas preocupadas y ocupadas con las grandes necesidades de los colectivos de personas con discapacidad y personas mayores de edad; profesionales en sus distintos niveles, directivos de centros y servicios destinados a estos colectivos; a departamentos gubernamentales y organizaciones de representación, organizaciones de autoayuda de ambos colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

 

Seminario de Dependencia y Exclusión Social. Dos realidades y una misión

 

La discapacidad es en sí misma un factor de exclusión social de primer orden, que conlleva la vivencia de numerosas desventajas y una cierta imposibilidad general del disfrute pleno de los derechos de ciudadanía. Pero si la discapacidad tiene lugar en un contexto familiar, con recursos económicos escasos y bajo nivel formativo puede conducir a quien la padece a una situación de exclusión social de enorme profundidad. Según la última “Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia” (2011) sitúa la cifra en 3.800.000 personas, de las que el 59,8% son mujeres y el 58% tiene más de 64 años y más de setecientas mil sufren “discapacidad severa”. La evolución de los datos refleja una tendencia en aumento del número de personas con discapacidad, debido al incremento de la esperanza de vida que lleva asociado una mayor longevidad de la población y al aumento global de problemas crónicos de salud como diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y accidentes. En definitiva, se produce un natural incremento de situaciones de dependencia y soledad.

 

Según la estimación de la Encuesta de Condiciones de vida del INE (2011), la proporción de hogares por debajo del umbral de pobreza es cercana al 22%. El umbral de pobreza para una persona sola en 2010 fue de 7.800 euros, lo que supuso un descenso respecto al año anterior, cuando la línea se aproximó a los 8.000 euros. El riesgo de pobreza se sigue materializando de forma distinta en el territorio español, con una marcada concentración en el suroeste peninsular y en Canarias. En el año 2010, la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza, Extremadura, superaba a Navarra, comunidad con menor incidencia de este problema, en más de treinta puntos porcentuales (7,3% y 38,2%, respectivamente). Contrastan también las tasas del País Vasco (11,6%) y Asturias (12,3%) con las tasas de las comunidades con los niveles más altos, que además de Extremadura, incluyen a Canarias (31,1%), Andalucía (30,1%) y Murcia (29,2%). En España la media nacional es del 27%. (Fundación FOESSA, 2012, La pobreza y la exclusión en la crisis, un reto estructural).

 

Existe una relación que se podría definir como direccional entre discapacidad y exclusión social. Por una parte, las personas que viven en contextos de privación, malnutrición, infravivienda, empleo precario, etc., se encuentran sometidas a un riesgo más alto de adquirir una discapacidad. A la vez, la circunstancia de discapacidad funciona como un factor precursor de exclusión, ya que las oportunidades de acceso al empleo, educación, atención sanitaria, vivienda o participación entre otras, son menores.

 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha sido de gran importancia de cara a la contención de los procesos de exclusión social entre las personas dependientes y/o con discapacidades. En septiembre de 2011 había 733.000 personas beneficiarias del SAAD, que percibían 901.000 prestaciones, de ellas el 52% son económicas y el 48% en servicios. De estos últimos destacan la atención residencial (121.000 personas), la teleasistencia (118.000), la ayuda a domicilio (117.000) y los centros de día/noche (55.000). A su vez, la mayoría de las prestaciones económicas corresponde a cuidados familiares proporcionados por los familiares de la persona en situación de dependencia (el 93,5% mujeres).

 

El criterio establecido por la Ley de Dependencia era primar los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas a parientes cuidadores; sin embargo, según un informe del SAAD de 2011, «del total de los servi­cios y prestaciones, el 48,1% corresponden a cuidados en el ámbito fami­liar. Varios son los motivos que explican la importante presencia de “pres­taciones de cuidados”: la tradición de cuidados en el entorno familiar; la voluntad de las personas mayores de vivir en su domicilio, ya que, según la Encuesta sobre Personas Mayores 2010 del IMSERSO, es algo que eli­gen el 87,3%; el tener una vivienda en propiedad; o el importante peso de la atención en el medio rural. Estas razones también explican la importan­te presencia de servicios en el domicilio, 240.316 en total, el 30% de todas las prestaciones del sistema» (SAAD, 2011, 4). (Colectivo IOE, 2012, Discapacidades e inclusión social)

 

En definitiva, la Ley de la Dependencia, regula las condiciones básicas mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia –SAAD-, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. Se trata del cuarto pilar del Estado de Bienestar básico de la sociedad española. La atención a quienes se encuentran en situación de dependencia –las personas mayores, las personas con grandes discapacidades- es una exigencia para avanzar en la sociedad del bienestar, lo que supondría ampliar derechos sociales de ciudadanía y universalizar servicios para contribuir a lograr una sociedad más justa y más digna. De este modo, se configura un derecho subjetivo que se fundamente en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano.

 

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