Cuatro puestos menos en la Junta

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La Junta de Castilla y León cierra los Centros de Control de Calidad de Fomento lo que supone la pérdida de cuatro puestos de trabajo en Ávila y 75 en toda la comunidad

El Comité de Empresa y la Junta de Personal Funcionario en Ávila, como órganos de representación de los trabajadores de esta Administración, denuncian que la Junta de Castilla y León, unilateralmente y sin contestar a las demandas de información solicitadas, desmantela otro servicio público.

 

La Junta de Castilla y León va a cerrar 7 de los 9 laboratorios de Control de Calidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el próximo 1 de junio. Esto supone un nuevo y descarado ataque a los servicios públicos. Este cierre “temporal” se basa, según sus artífices, en la falta de actividad de los mismos, algo que la propia Consejería ha provocado con el desvío de los trabajos a laboratorios privados.

 

El cierre afecta a 75 trabajadores en Castilla y León, 4 de ellos en Ávila. Sin embargo, la plantilla que debería haber en el centro de nuestra provincia es, según la propia relación de puestos de trabajo, de 12 trabajadores.

 

La precaria situación del laboratorio de Ávila queda de manifiesto por la falta de contratación de personal para los puestos de Analista de Laboratorio, pieza clave de este tipo de centros, y por no permitir al propio personal realizar el control de calidad en las obras de la Administración en esta provincia, mientras se deriva el trabajo a empresas privadas.

 

Consideramos que el objetivo de estas actuaciones, por acción u omisión, no es otra que el deterioro de los Servicios Públicos y el beneficio a empresas privadas.

 

Exigimos:

 

  • La reconsideración de la decisión de este cierre,

 

  • La recuperación de la actividad de estos centros, cuyo personal y medios técnicos y materiales permitirían un ahorro evidente y una mayor efectividad en el control y calidad de las obras, frente a lo que supone el desvío de tareas y fondos a las empresas privadas,

 

  • Y el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo de empleados públicos afectados.