CCOO advierte de que la Administración podría dejar de notificar sus actos y decisiones a millones de ciudadanos

CCOO ha dado la voz de alarma ante la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, aprobada por el Gobierno en octubre de 2015. Según adelanta el sindicato, y sin que nadie en el Gobierno ni en el Ministerio de Hacienda que ha impulsado la ley se haya percatado, la nueva regulación podría dejar a más de 16 millones de ciudadanos sin notificaciones y al descubierto en sus garantías jurídicas.

Y ello porque una de las medidas incorporadas a la ley, el doble reparto de una notificación en horario de mañana y tarde en caso de que el notificado no se encuentre en su domicilio en el primer intento de entrega, resulta, tal como argumenta CCOO, económicamente inviable. CCOO acusa al Gobierno de "moverse en exclusiva por un afán recaudatorio y persecutorio hacia la ciudadanía, sin dotar al operador público de financiación para que pueda dotarse de una plantilla suficiente para garantizar la notificación fehaciente al ciudadano".

 

Las cifras y las condiciones de reparto pueden dar una idea de las dimensiones de la medida: Correos, operador encargado legalmente de la prestación del Servicio Postal Universal, distribuye anualmente 60 millones de notificaciones de las diferentes Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y locales). Al contrario de lo que sucede en los Correos europeos, como el italiano, que aseguró desde el Correo Público las notificaciones a sus ciudadanos, los sucesivos Gobiernos de nuestro país (PSOE, primero con el Decretazo de acceso a la Red de los operadores privados en 2006 y la Ley postal de 2010 que no lo corrigió; PP, después, que ha mantenido la regulación), Correos accede al mercado de notificaciones administrativas en régimen de libre concurrencia junto al resto de operadores postales, sin garantizar su fehaciencia ni, por tanto, su seguridad jurídica ante los actos administrativos. Así pues, la legislación vigente obliga al operador público a concurrir con los operadores privados en los concursos públicos, repartiendo sólo aquellos que gana en la licitación. Dicho de otra forma, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han puesto la seguridad jurídica del ciudadano a merced del mercado y la competencia. 

 

 

Con la modificación introducida en la nueva ley, el sindicato pone de manifiesto la imposibilidad de aplicarla sin incurrir en costes duplicados de plantilla y provocar una quiebra del propio operador: el coste de una notificación entregada en una sola jornada se duplica aritméticamente si dicha notificación ha de entregarse por la mañana y por la tarde, lo que hace inviable su reparto con las actuales estimaciones de coste. A cualquier operador le supondría una pérdida económica imposible de asumir una licitación de estas características, pues implicaría o bien un cambio radical en la organización del trabajo, o bien la puesta en marcha de miles de contratos a tiempo parcial, o un sobre incremento generalizado de plantilla que Correos no tiene autorizado por parte del Gobierno.

 

 

Y si en centros urbanos, con gran concentración de población y mayores posibilidades operativas de reparto, sería una opción a considerar, en zonas rurales de baja densidad de población y periferia de núcleos urbanos sería totalmente inviable, lo que dejaría sin cobertura a más de 16 millones de ciudadanos y más de 8.400 unidades de población. El Gobierno vuelve a proyectar su idea de una sociedad con ciudadanos de primera y de segunda categoría, algo que CCOO critica de forma rotunda.

 

 

A la vista del desaguisado que podría provocar la iniciativa, CCOO ha exigido al Ministerio de Hacienda la necesidad de prorrogar su entrada en vigor en tanto no se halle una solución que garantice un derecho esencial, como el de recibir notificaciones de forma fehaciente, para los millones de ciudadanos que podrían verse afectados. Para CCOO, esto pasa porque las notificaciones sean prestadas por el operador público en su totalidad y con los recursos suficientes. Sólo así se garantizaría su fehaciencia y la seguridad jurídica de la ciudadanía frente a los actos de la Administración.