Castilla y León alcanza la máxima puntuación, un 10, en aplicación de la Ley de Dependencia, que aprueban ocho CCAA

Castilla y León ha alcanzado por primera vez la máxima puntuación en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia, con un 10, mientras que nueve comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla suspenden y no pasan del 5, según los datos del XIV Observatorio de la Dependencia.

Así, las comunidades que suspenden en el tratamiento de la dependencia son Cataluña, Cantabria, Murcia, Madrid, Galicia, Baleares, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla, por lo que el Observatorio concluye que "sólo" Castilla y León, con una nota de 10, y País Vasco y Andalucía, con un 7,5 y 7,1, respectivamente "destacan" en la aplicación de la Ley.

A la hora de realizar la escala de valoración del desarrollo de la Ley, el Observatorio tiene diferentes variables como las personas atendidas sobre el total de población; las solicitudes sobre el total de población; los dictámenes; las personas pendientes de prestación de servicio; el equilibrio entre las prestaciones y los servicios; la integración de la red local de servicios sociales; el incremento de personas atendidas en los últimos doce meses; la aportación de cada comunidad por habitante y año; el incremento o pérdida de expedientes de grado III; la innovación y buenas prácticas; la información en tiempo real y el modelo de seguimiento.

En cada una de estas variables el Observatorio concede un 1 como máxima puntuación y un cero como mínima puntuación, y Castilla y León obtiene un 1 en todas ellas. El resultado final es de 12 puntos, que extrapolado a una nota del 1 al 10 da a Castilla y León un 10.

Así, según estos datos, las personas beneficiadas sobre el total de población en Castilla y León es del 2,49 por ciento, por encima de la media nacional que es del 1,56 por ciento; mientras que las solicitudes representan en la Comunidad el 4,34 por ciento de la población, por encima del 3,46 por ciento de España, mientras que en la región sólo el 0,8 por ciento de las personas don derecho a prestación está pendiente de recibirla, frente al 18,7 por ciento nacional.

Asimismo, en la Comunidad, el gasto público en dependencia por año y habitante es de 138,71 euros, mientras que en España es de 104,49 euros, además de que Castilla y León, junto con Andalucía, es la única región con sistema de seguimiento sistematizado.

El informe destaca que Castilla y León llegó a mediados de 2013 a la atención plena, de forma que implantó el Sistema de Atención a la Dependencia en su totalidad y manteniendo el mismo en función de las altas y bajas normales. "Mantiene el número de atendidos y es modélica en agilidad", señala esta edición del Observatorio.

Además, señala que la estrategia de mantenimiento de servicios y empleos ha consistido en disminuir sensiblemente las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar incrementando la cuantía de la prestación económica vinculada fomentando su uso.

"La estrategia ha sido exitosa, pero tiene el peligro de penalizar a las familias por tener éstas que complementar los precios de mercado de los servicios", añade.

CONTINÚA A LA CABEZA

Desde diciembre de 2008, cuando el Observatorio comenzó la elaboración de estos informes, Castilla y León ha pasado de obtener una puntuación del 8 al 10 de este último informe, la nota máxima que alcanza en este análisis, que hace que una vez más la Comunidad esté a la cabeza en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Según este último informe, tres comunidades mantienen la misma puntuación que hace seis meses, concretamente se trata de La Rioja (6,3), Cataluña (4,6), Aragón (3,3) y Ceuta y Meilla (1,7); mientras que bajan cinco: País Vasco (8,3 al 7,5), Castilla-La Mancha (5,4 a 5), Cantabria (5,4 a 4,6), Murcia (5 a 4,2), y Madrid (4,6 a 4,2).

Por contra, la nota crece en nueve comunidades autónomas, concretamente en Castilla y León (del 9,6 al 10) Andalucía (pasa de un 5,4 a un 7,1); Extremadura (del 5,4 al 6,7); Navarra (del 4,6 al 5); Asturias (del 3,8 al 5); Galicia (3,8 al 4,2); Baleares (3,3 al 3,8); Canarias (1,3 al 1,7); y Comunidad Valenciana (1,3 al 1,7).

El informe, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales aprecia "graves diferencias" entre la gestión de una y de otras comunidades y especialmente se aprecia que las que tenían un "recorrido mínimamente aceptable antes de 2012" han resistido "relativamente bien" el "severo" impacto de las reformas, que han supuesto que las comunidades hayan dejado de recibir 1.409 millones de ruso en los últimos tres años.

Por el contrario, el informe asegura que las comunidades que llevaban un retraso "considerable" no han podido mejorar en un escenario de "restricción presupuestaria", lo que las ha llevado "sin remisión a desatender a las personas dependientes".