Carta de Antonia Justicia a Tribuna Ávila

Como bien sabes durante los pasados meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, he padecido una campaña de ataques denigratorios hacia mi persona, como Directora de Comunicación de la Diputación de Ávila, promovida, tras una infundada denuncia, por una de las personas  de la plataforma de los afectados por el caso de las participaciones preferentes de Bankia de Ávila.

Algunos medios de comunicación a los que ese colectivo hizo llegar su acusatoria información, los más, la contrastaron en comunicación directa conmigo, pero al tratarse de un asunto judicializado, no consideré oportuno hacer ningún tipo de declaración, excepto aclarar, a quienes me preguntaron, la versión real de los hechos por los que me acusaban de “agredir a una anciana de 67 años”. 

 

Conoces sobradamente el código deontológico y las pautas que nos marca para un tratamiento objetivo de cualquier información y, más en especial, la concerniente a este tipo de asuntos. Por ello, una vez que el proceso judicial ha clarificado los hechos, me dirijo a algunos de los directores de esos medios que se hicieron eco de la primera información, para hacerles saber, serenamente y sin acritud alguna, la resolución del asunto con una breve síntesis de la sentencia final, y hacer una llamada de atención, por haber dado, a veces, al caso en sí tratamiento incompatible con ese código del buen hacer profesional hasta realizar sobre mi persona ya no  un juicio paralelo, sino apriorista y condenatorio. Y no sólo por no respetar la “supuesta inocencia”, siempre reconocible en todo encausado hasta producirse el dictamen judicial, sino por haberse extralimitado en su información, nunca cotejada, identificándome, no como suele ser habitual con las simples iniciales, sino con mi nombre completo. Identificada y tratada como un convicto y condenado, no se han respetado mis derechos fundamentales, conculcándose de forma grosera  mi derecho al honor, la presunción de inocencia, la imagen,… como persona y profesional de la comunicación. 

 

Sin ocupar cargo político electo alguno, esos medios y algunos partidos políticos y grupos sindicales que se les sumaron, han intentado denigrarme por el hecho de ser, simplemente, Directora de Comunicación de una Institución Pública con una campaña en la que bajo el anonimato de la red hasta mi familia se ha visto implicada. A tal punto han llegado las cosas, que  bajo mi nombre en Google sólo se recoge la sarta de comunicados calumniosos que esos medios publicaron sin el debido criterio profesional y el más elemental respeto a la veracidad.

 

Para hacerte partícipe de la verdad de los hechos y de la resolución del caso y, con ello, para compartir mi propia reflexión – en este tiempo cargada de duro sufrimiento – sobre el papel de los periodistas que trabajamos como DIRCOM y sobre el daño que se puede hacer a otros con el “todo vale”, quiero hacerte sabedor directo de parte de lo que la fiscalía y el juez me han remitido en la sentencia firme y ejecutoria dictada el 4 de diciembre de 2012. Pienso que, una vez más, no nos vendría mal reflexionar sobre la grave responsabilidad que comporta nuestra profesión de informadores al imponernos lo que, por honestidad pública y personal, nos exige el código ético de la profesión en nuestro trabajo cotidiano.

 

Y ahora te comparto lo que sigue.

 

En la sentencia del Juzgado de Instrucción 2 de Ávila por el juicio de faltas que me sentaron en el banquillo el 20 de noviembre, se destaca que

 

             “el Ministerio Fiscal solicitó la libre absolución de la denunciada”.

 

Y, a propósito de los hechos probados, el Juez reconoce que tales hechos se desarrollaron

 

                “sin constancia de que la quisiera agredir o impedir el ejercicio de su derecho a manifestarse”. 

 

Continúa la sentencia que, conforme las declaraciones testificales, 

 

                “ …Se considera acreditado…que la denunciante se dirigió a la denunciada en actitud de reproche u ofensiva verbalmente hacia ésta… y que falta uno de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para otorgar fuerza probatoria a la persona que se presenta como víctima de hecho…que en el acto del juicio no refiere haber sufrido tal tipo de acometimiento ni en particular el haber sido empujada”…

 

Quiero subrayar, igualmente, lo que el juez expone en la sentencia a propósito de algunas  de las pruebas anexas a esas declaraciones testificales, según las cuales, 

 

            “la grabación de los hechos – grabación de las cámaras  visualizadoras de lugar  - dista mucho de reflejar que hubiera existido actuación agresiva o coactiva en algún sentido por parte   de la denunciada, y por otra parte, las declaraciones de los testigos propuestos por la denunciada en el acto del juicio resultan más conformes con lo que se aprecia en dicha grabación que con lo manifestado por la testigo Pilar Baeza (de la acusación), pues en contra de lo que ésta sostiene, no se observa que la denunciada zarandeara a la denunciante…y que no la hizo daño físico y que es evidente la situación de acoso verbal en que la denunciada se vio inmersa”.

 

Y, por último, destaco, el fallo, final y rotundo, de la sentencia dónde el juez establece: 

 

“que debo absolver y absuelvo a Antonia Justicia Ventura de toda responsabilidad penal por los hechos enjuiciados”.

 

Os agradezco, sinceramente, vuestra atención y a aquellos que, en vuestros medios, hayáis publicado las falsas acusaciones hechas y dirigidas contra mí por la coordinadora de la plataforma de las preferentes, la mencionada por el Juez, Pilar Baeza, os invito, dejándolo a merced de vuestro criterio profesional, a dar a conocer públicamente la verdad íntegra de los hechos y la resolución final de lo sucedido, incluida, claro, la palabra definitiva de los jueces. 

 

Sí quiero dejar constancia final y veraz de que en mis casi 30 años de profesión, nunca he vivido nada parecido a esta campaña mediática montada contra mi persona y profesionalidad.

 

Atentamente,

Antonia Justicia Ventura