Burgos lamenta que el Gobierno "obligue a la gente más vulnerable a pagar las consecuencias de la crisis"

El senador del PSOE por Ávila, José María Burgos

El senador del PSOE por Ávila, José María Burgos, en su intervención en la presentación del Informe del Defensor del Pueblo 2013, apuntó que España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía.

José María Burgos, ha lamentado que el Gobierno obligue a la gente más vulnerable a pagar las consecuencias de la crisis. Burgos ha intervenido durante la presentación del informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2013 y comenzó recordando sus palabras de hace un año en las que apuntaba que “la mezcla explosiva de recortes presupuestarios con recortes de derechos y la puesta en venta de muchos servicios públicos en sus distintas versiones hará que la institución del Defensor del Pueblo incremente su actividad”. El parlamentario del PSOE indicó que la tozuda realidad confirma este doloroso pronóstico y los españoles siguen sufriendo como apuntan diversos informes de Cáritas, que identifica a la población española como una de las más afectadas por la crisis económica.

 

En este punto, detalló que España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía. Además, en nuestro país, el riesgo de pobreza entre los niños se situó en 2012 en el 29,9 %, casi nueve puntos por encima de la media de la Unión Europea, que elevó al 21,4 %, según datos de 2013 de Eurostat. Otro de los sectores de población especialmente afectados por la crisis, según el informe, es el de las personas mayores, pues la pobreza entre ellas ha sufrido un aumento significativo, del 7% en 2008 al  10,6 % en 2012. “Cuando paradójicamente en muchos hogares son las pensiones de los abuelos los únicos ingresos de la familia”, apostilló.

 

José María Burgos subrayó que “la gente más vulnerable es la que está pagando las consecuencias de la crisis" y recordó que las bajadas de salarios, la congelación del salario mínimo y los recortes en las prestaciones a los subsidios de desempleo, lejos de contrarrestarse con el fortalecimiento de las políticas sociales se ha visto acentuado con drásticos recortes en las mismas: “A los recortes en los servicios públicos y en los derechos sociales, este Gobierno ha decidido sumar el ataque a las libertades de los ciudadanos”.

 

Burgos también criticó el  proyecto de reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno y el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana centrada en imponer sanciones económicas desproporcionadas a  ciudadanos ejerciendo su derecho de manifestación. “No se puede criminalizar la disidencia y manifestamos nuestra preocupación ante estas iniciativas autoritarias que recortan nuestros derechos”, lamentó.

 

A continuación, reprochó al Gobierno su actuación en relación a los graves sucesos de Ceuta por no respetar los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional, reclamó que se retiren las cuchillas, las concertinas y alertó de la ilegalidad de las denominadas “devoluciones en caliente”. También apuntó, en materia de Sanidad, la poca sensibilidad social de este Gobierno

 

En otro orden de cosas, el senador por Ávila se refirió a las participaciones “preferentes”, cuya venta ha afectado gravemente a los ahorros de miles de personas y recalcó que los datos que conocemos evidencian su carácter de auténtica estafa. “Son loables los esfuerzos de los jueces en atender las justas reclamaciones de los afectados y los responsables de esta estafa deberían terminar en la cárcel. Lo grave es que ni las entidades bancarias involucradas ni el Gobierno manifiestan ninguna intención de reparar”, protestó.

 

José María Burgos valoró de forma muy positiva el hecho de que la Defensora del Pueblo haya recurrido al Constitucional el Real Decreto-ley 14/2013, en concreto, la decisión de atribuir a los alcaldes la competencia para acogerse a determinadas medidas, como aprobar el plan de ajuste, sin contar con el Pleno del Ayuntamiento pero echó en falta un recurso de inconstitucionalidad contra la Reforma Local, al suponer un ataque gravísimo a nuestra democracia y a la autonomía local.

 

Burgos criticó “el desprecio de este Gobierno por lo local, por los ayuntamientos, y su mera actuación propagandística al respecto”. “Me gustaría, puntualizó, trasladarle desde esta tribuna, instándole a que analice en profundidad, el grave problema que tienen hoy sobre la mesa los ayuntamientos. El que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de las operaciones formalizadas por las entidades locales en el marco del conocido mecanismo de pago a proveedores, establecido en 2012 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.

 

A su juicio, “este mecanismo de pago ha significado transformar la deuda comercial de los Ayuntamientos en deuda financiera, viéndose, en síntesis, las entidades locales obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo, a un abusivo tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste, aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”. Un tipo de interés impuesto a los ayuntamientos sin capacidad alguna de negociación por su parte, y que supone una auténtica usura por parte de los bancos que han obtenido el dinero al 1% del BCE y lo están prestando a los Ayuntamientos al 6,5%. “Una usura permitida y alentada por el Gobierno de España, que además, la ha vendido irresponsablemente, como un beneficio para los ayuntamientos cuando serán estos y sus ciudadanos, sin ayuda pública alguna, los que van a terminar pagando estos elevados préstamos y sus intereses, y no el Gobierno”.


 
Estas circunstancias explican que muchos ayuntamientos van a ser incapaces de asumir estos pagos porque si en tiempos de bonanza generaron deuda, en estos tiempos de crisis como los que padecemos les va a ser imposible seguir garantizando los servicios públicos a sus vecinos y, al mismo tiempo, cumplir con estas obligaciones de amortización de intereses. Como aclaró a continuación, “la auténtica trampa del mecanismo que nos ocupa es que esta realidad, sumada a la reciente reforma local va a llevar inexorablemente, a que el Gobierno intervenga muchos ayuntamientos con la excusa de que no pueden afrontar la deuda. Lo que explica que, de los más de 400 funcionarios que va a crear el Gobierno, la gran mayoría sea, precisamente, para vigilar a los ayuntamientos, que son las entidades públicas más responsables, a diferencia de la Administración General del Estado”.

 

Por todo ello, sugirió a la Defensora del Pueblo que urge pedir al Gobierno que revise las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del Plan de Pago a Proveedores y que la revisión de estas condiciones implique la ampliación del período de carencia y del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés.

 

José María Burgos destacó, en definitiva, que “la realidad que este informe pone sobre la mesa es la de unos ciudadanos que están sufriendo, y a cuyo bienestar nos debemos por encima de cualquier otro ajuste o imposición económica o restrictiva de derechos”. “En nuestro país se tambalean principios que parecían consolidados. Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho se encuentra en una situación de alarmante crisis de futuro incierto. Los recortes en los servicios públicos y las intensas limitaciones de los derechos sociales han frustrado el consenso constitucional de la transición y ahora le ha llegado el turno a los ataques a las libertades”. “Y lo más preocupante, concluyó, es que esto va a más, entrando en una peligrosa deriva irresponsable de pérdida de derechos fundamentales por los ciudadanos”.