Bares y discotecas de Castilla y León, en la macrooperación contra el uso de dinero negro

Hacienda inicia una 'macrooperación' contra el fraude fiscal en discotecas y pubs de once comunidades, entre ellas, Castilla y León.

Más de 500 agentes y funcionarios de la Agencia Tributaria están registrando desde ayer más de un centenar de sociedades propietarias de discotecas y pubs de gran tamaño en una 'macrooperación' contra el fraude fiscal y las ventas en negro que se extiende por once comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, según confirmaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

 

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una gran operación contra el fraude fiscal en el sector del ocio nocturno a nivel nacional que, por sus dimensiones y por los medios humanos destinados, está considera "la mayor" efectuada hasta la fecha. La operación, denominada 'Chopin', implica el inicio de actuaciones inspectoras mediante entrada y registro en 87 locales de 11 comunidades autónomas pertenecientes a 110 sociedades, y también apertura de inspecciones sobre 14 personas físicas vinculadas con estas empresas.

 

Los registros, en su mayoría desarrollados a primera hora de la mañana, al cierre de los locales, comenzaron este jueves y concluirán este viernes, para dar paso ahora a la fase de inspección posterior. Las actuaciones se han iniciado por personación de la Inspección Tributaria con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, así como al estudio de la recaudación del día y al funcionamiento ordinario de los sistemas informáticos de emisión de tiques, facturación y caja.

Al tratarse de una intervención de carácter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no implican detenciones.

 

La investigación previa al lanzamiento de la operación 'Chopin' arrancó a comienzos de año al detectarse un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades ahora inspeccionadas que resultaba "anormalmente alto" ya que era de hasta más del 76 por ciento en alguno de los casos para un sector en el que, por sus características, prima claramente el pago en efectivo, mientras que el uso de tarjetas de crédito "es escaso".

 

Tras esta primera evaluación de riesgos fiscales, el Departamento de Inspección detectó que el conjunto de las empresas afectadas por la operación estaban declarando un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la Agencia Tributaria.

 

Esta situación ya alertó sobre la posible existencia de un gran circuito paralelo de efectivo que no se estaba declarando a Hacienda, pero los investigadores también observaron diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que se traslucía a partir de un análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales, el precio de las entradas y las consumiciones.

 

Además, la observación de los locales permitió en diversos casos detectar una "irregularidad formal" muy extendida, que pasaba por la venta previa de tiques para consumiciones que posteriormente se eliminaban en barra. El tique se vendía al cliente por diversos medios no susceptibles de control y posteriormente se dejaba sin documentar la consumición, "aprovechando que en el sector del ocio los destinatarios del servicio son siempre consumidores finales".

 

Tras este análisis, y coincidiendo con el inicio de la temporada alta de las discotecas en las principales zonas costeras, se puso en marcha el dispositivo de entrada y registro, que ha afectado a 87 discotecas, pubs y oficinas de las sociedades inspeccionadas en 11 comunidades autónomas. Concretamente diez en Andalucía, cuatro en Aragón, uno en Asturias, cuatro en Baleares, cuatro en Canarias, tres en Castilla y León, 16 en Cataluña, dos en Extremadura, 16 en Galicia, siete en Madrid y veinte en la Comunidad Valenciana.