Atascada la negociación entre Gobierno y Cataluña por el euro por receta a diez días de que acabe el plazo para recurrir

 Artur Mas
El Ejecutivo prepara el recurso ante el TC por si no hay acuerdo y si lo presenta, pedirá la suspensión cautelar del cobro de la tasa


MADRID/BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La negociación entre el Gobierno y Cataluña por el 'euro por receta' que implantó en junio la Generalitat está estancada después de la última reunión mantenida por la comisión bilateral, a principios de esta semana, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Esta falta de avances se produce a diez días de que acabe el plazo para recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional.

Los contactos con Cataluña, que se están produciendo a instancias de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, aunque con participación del Ministerio de Sanidad, no han dado resultados hasta el momento.

Las fuentes consultadas explicaron que, previsiblemente haya una nueva reunión la próxima semana, aunque la fecha aún no está fijada. En cualquier caso, si ésta se celebra, sería apurando ya el plazo que se dieron ambas administraciones para negociar a través de una comisión bilateral para solucionar este problema sin tener que acudir al TC.

Fuentes de la Generalitat admiten que se están produciendo contactos con el Gobierno, aunque no reconocen las reuniones, pero sí prevén que se pueda abordar de nuevo la próxima semana, coincidiendo con la reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad para estudiar la cartera de servicios sanitarios, convocada para el día 20 de diciembre.

El objetivo del Gobierno central es tratar de llegar a un acuerdo con la Generalitat para que retiren el euro por receta que aprobó el Parlamento catalán en marzo y que comenzó a aplicarse en junio pasado. En aquel momento, ambas partes se dieron seis meses para negociar una solución antes de recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo y según las fuentes consultadas, durante estos meses no ha habido avances en la negociación, entre otras razones, por la paralización en los contactos que ha supuesto la celebración de la campaña electoral catalana. Pero, celebradas las elecciones, se han retomado los contactos y el resultado ha sido el mismo, atasco en la negociación. El plazo se ha ido agotando y concluye el próximo 23 de diciembre, cuando sólo quedan por medio dos consejos de ministros en los que se pueda tomar la decisión de presentar un recurso ante el TC.

PEDIRA LA SUSPENSION CAUTELAR DE LA MEDIDA

Por ello, y ante la posible eventualidad de tenerlo que utilizar, el Gobierno está preparando el texto del recurso contra la citada medida, amparándose también en el informe del Consejo de Estado, que la considera inconstitucional, por entender que "contraviene el orden constitucional de distribución de competencias". Además, el Ejecutivo tiene previsto solicitar en el recurso la suspensión cautelar del cobro del euro por receta.

De hecho, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro explicó el pasado mes de noviembre en el Senado que el Gobierno cuenta con este informe, y que lo va a utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "no sea aplicable en ninguna comunidad autónoma".

El Consejo de Estado considera que el cobro de esa tasa en las recetas contraviene el orden constitucional de distribución de competencias y "excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación".

Además, estima que esta tasa "puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado".

En este sentido, recuerda que corresponde al legislador estatal garantizar esa unidad mínima en las condiciones de acceso a los fármacos "con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud". Y, por ello, considera que la tasa del euro por receta constituiría "sin duda" una desigualdad entre los beneficiarios de esta prestación.

Asimismo, el Consejo de Estado afirma que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública por ser esta un cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución", por lo que "no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes cuya exacción comporte en última instancia un incremento del coste que los ciudadanos haya de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".

Por otra parte, también recuerda que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) prohíbe la doble imposición que también considera que se produce en este caso al estimar que "los actos configurados como hecho imponible en la norma catalana quedan comprendidos dentro de la norma del Estado".

NEGOCIACION DE CIU Y ERC

Precisamente la supresión del euro por receta fue una de las cuestiones que ERC incluyó en su programa electoral, pero no ha trascendido si este asunto se ha abordado en las negociaciones que está manteniendo con CiU para apoyar a Artur Mas en la investidura. De hecho, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha indicado que ni esta tasa ni otras medidas que ha impulsado CiU en la última legislatura serán para ERC una "línea roja" que bloquee un eventual acuerdo.

La citada tasa se viene aplicando desde junio en las farmacias catalanas y se paga hasta un máximo de 61 euros al año. Están exentas 127.000 personas: los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción (PIRMI) y quienes cobran una pensión no contributiva, los acogidos a la Ley de la Integración Social de los Minusválidos (LISM) y del Fondo de Asistencia Social (FAS).

Según los datos oficiales de la Generalitat, entre julio y septiembre se ha registrado un descenso del 20 por ciento en el consumo de medicamentos. Desde su puesta en marcha el 23 de junio hasta finales de octubre, la Generalitat se había recaudado 33,6 millones por ese concepto.