Aprobado el proyecto de Ley de instituciones propias que limita a cuatro años y dos mandatos las presidencias

El portavoz de la Junta ha señalado que la puesta en marcha de esta normativa permitirá el ahorro de algo más de 2,5 millones de euros mediante la unificación de aspectos administrativos como disponer de una única Secretaría.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves al Proyecto de Ley por el que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad y que limitará las presidencias de CES, Consejo de Cuentas y Consultivo y Procurador del Común a cuatro años y dos mandatos.

 

Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que se va a solicitar a las Cortes la tramitación de esta norma por la vía urgente para lograr que se reduzcan a la mitad los tiempos y que pueda estar aprobada a finales de marzo o principios de abril.El portavoz de la Junta ha señalado que la puesta en marcha de esta normativa permitirá el ahorro de algo más de 2,5 millones de euros.

 

Este ahorro supone aproximadamente un 20 por ciento del coste total presupuestado para las instituciones propias, y que para el año 2013 será de 12.200.126 euros.

 

Como novedades introducidas tras las alegaciones presentadas por las distintas instituciones se ha admitido que el CES informe sobre la Ley de Medidas Tributarias que acompaña al Presupuesto y se han homologado los mandatos que hasta hoy se llegaba a los cinco años en el caso del Procurador del Común, a cuatro en el CES y a seis en los consejos Consultivos y de Cuentas.

 

De este modo, a partir de la aprobación de la normativa, los mandatos serán de cuatro años y la persona que ocupe la Presidencia sólo podrá repetir en dos ocasiones. La ley también deja la puerta abierta a la aprobación de que se establezca una persona adjunta al Procurador del Común.

 

UNA SECRETARÍA GENERAL

 

Se crea, en las Cortes, una secretaría general de apoyo a las instituciones propias, bajo la dependencia de su Presidencia, y esta será competente en el nombramiento del titular de la secretaría. Desempeñará, según el Proyecto de Ley, las funciones de gestión de material necesarias para el funcionamiento ordinario de las cuatro instituciones en materia de personal, régimen interior, contratación, gestión económica y presupuestaria, asesoramiento jurídico, intervención, fiscalización y contabilización. Será la Presidencia de las Cortes el órgano de contratación para los contratos comunes a dos o más instituciones; los de presupuesto igual o superior a dos millones de euros; o la contratación de estudios o trabajos técnicos.

 

El proyecto de ley también recoge aspectos referentes a la reducción del plazo de emisión de los informes, de 30 a 20 días, tanto para el Consejo Económico y Social como el Consejo Consultivo. Igualmente es reseñable que de los seis miembros del CES que actualmente nombra la Junta, el Gobierno autonómico pasará a designar solo cuatro y los dos restantes serán nombrados por las Cortes.

 

Los presidentes de las instituciones propias podrán desempeñar sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, se establece el régimen de incompatibilidades y retribuciones en ambos supuestos. En el caso del CES la dedicación parcial del presidente requerirá de la aprobación por parte de dos tercios del pleno del CES. Si la dedicación es exclusiva, las retribuciones serán las mismas que reciben ahora; en el supuesto de dedicación parcial, cobrarían un tercio del importe que recibirían si tuvieran dedicación exclusiva.

 

Los presupuestos del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social pasan a ser una sección dentro del presupuesto de las Cortes, igual que sucede en la actualidad para el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas. El nombramiento de los miembros del CES y su presidente, así como el nombramiento de los consejeros del Consultivo y su presidente, se realizará por las Cortes, en lugar de por decreto, como sucedía hasta ahora.

 

AMPLIACIÓN DE FUNCIONES

 

La aprobación de este proyecto de ley presenta algunas novedades referentes a la ampliación de las funciones de las instituciones propias. Así, en el Consejo Económico y Social se crea un grupo de enlace con la sociedad civil organizada, de modo que organizaciones que hasta ahora no tienen representación en el CES -como protección a la infancia, familia, juventud, mujer, mayores, discapacitados o inmigrantes- puedan tenerla en esta institución, sin coste adicional. El CES sigue informando sobre todos los decretos y proyectos de ley relacionados con la política socioeconómica y se amplían sus funciones, puesto que ahora pueden conocer los proyectos de leyes singulares con contenido socioeconómico.

 

En aplicación del principio de "eficiencia", también se modifican algunas funciones del Consejo Consultivo. Así, los expedientes de responsabilidad patrimonial sólo requerirán de dictamen del consultivo si superan los 50.000 euros; hasta ahora, esta institución es consultada en todos aquellos expedientes que superan la cuantía de 1.000 euros. A su vez, las transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Junta solo requerirán de dictamen cuando superen los 500.000 euros; hasta ahora, el Consultivo debe dictaminar todos y ello supone una demora en las transacciones y, como consecuencia, que se impida un acuerdo que suponga un beneficio para la Comunidad.

 

Según el nuevo proyecto de ley, el Consejo Consultivo dictaminará los acuerdos de colaboración dirigidos a acciones de proyección exterior de la Comunidad, a propuesta del propio consejo. El texto profundiza en el deber de colaboración con el Consejo de Cuentas delimitando quiénes son los sujetos obligados así como las consecuencias de no cumplir los requerimientos. Establece asimismo que los remanentes que se pudiesen producir en las cuatro instituciones propias se incorporarán a los presupuestos de las consejerías sociales. El Gobierno va a solicitar a las Cortes la tramitación de este proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.