Aprobado el Proyecto de Ley Agraria con un registro único de explotaciones para aclarar el acceso a ayudas

De Santiago Juárez (I) y Clemente (D)

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley Agraria de Castilla y León, la primera norma sobre esta materia con la que se dota la Comunidad Autónoma, y que contempla entre sus novedades la creación de un registro único de explotaciones que permitirá clarificar la situación de los beneficiarios para la obtención de ayudas.

Según ha explicado la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en la presentación de este Proyecto de Ley este registro único y obligatorio, que unifica los 35 existentes hasta la fecha y de carácter voluntario, situará a los agricultores en una posición prioritaria en la obtención de ayudas y dará agilidad a la hora de decidir a quiénes les corresponden las ayudas y en qué niveles.

Este registro, de inscripción gratuita, supondrá también ventajas en los procesos de concentración parcelaria que, según estaban regulados hasta la fecha, duraban una media de 5 o 6 años para una tramitación que se reducirá a la mitad con la nueva ley que dará paso, a su vez, a procesos de concentración parcelaria que antes no se podían dar al incorporar por primera vez la posibilidad de iniciar procedimientos desde la iniciativa privada y un sistema de financiación público-privado.

Según ha aclarado Clemente, sólo serán de iniciativa pública aquellas concentraciones parcelarias ligadas a las política de regadío.

"Esta es una mejora muy importante para la reordenación de la propiedad y de las explotaciones agrarias", ha defendido la consejera que ha explicado que se establecerán dos tipos de concentraciones parcelarias, las que conllevan la ejecución de infraestructuras y las que sólo tienen como finalidad la reordenación de la propiedad.

Silvia Clemente ha destacado otra novedad respecto al aprovechamiento de recursos agropecuarios locales, sobre todo los pastos, donde "el cambio notable" es la priorización de los jóvenes con cualquier tipo de ganado, que no estaba contemplado hasta la fecha.

La consejera ha significado asimismo las novedades en torno a las figuras de calidad con el objetivo último de mejorar la regulación de la calidad diferenciada y de comercialización de los productos agroalimentarios, un "avance notable" para los 59 consejos reguladores adscritos en Castilla y León a lo que ha sumado la redacción de un catálogo de infracciones y de sanciones clarificado y un nuevo régimen sancionador para la Ley de la Viña y el Vino.

 

TIERRA DE SABOR, RECONOCIMIENTO CON RANGO DE LEY

Para ello, se dedica un capítulo específico para la marca "Tierra de Sabor" para darle reconocimiento con rango de Ley y recoger expresamente su "incuestionable vinculación" con la producción primaria de Castilla y León.

El Proyecto de Ley Agraria de Castilla y León crea también la figura del 'Defensor de la cadena alimentaria', un instrumento para controlar y denunciar las posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a las relaciones contractuales entre productores y compradores, "velando por el mantenimiento de un precio que cubra al menos los costes de producción".

"Es un nivel más alto de protección, no absoluto porque no se puede intervenir el mercado, en la garantía de que se van a cubrir los costes de producción", ha resumido la consejera que ha precisado que esta figura velará por el equilibrio de la cadena alimentaria y podrá elevar a los órganos que corresponda las recomendaciones que estime oportunas relacionadas con las materias objeto de su competencia.

Asimismo, se crea la Junta de Arbitraje como órgano de naturaleza arbitral competente para resolver todas las cuestiones litigiosas relacionadas con la aplicación de los mismos.

Además la norma instaura las Organizaciones interprofesionales Agroalimentarias para sectores estratégicos para la Comunidad con el fin de lograr un equilibrio en la cadena de valor, "de forma que los productores puedan obtener precios que les permitan cubrir sus costes de producción".

El Proyecto de Ley Agraria reconoce el movimiento cooperativo agrario como canal de participación de los productores agrarios en los procesos de producción y transformación y comercialización de sus productos con el objetivo de incrementar el nivel de renta en el medio rural. Además se establecen los principios básicos que deben regir el cooperativismo agrario en la Comunidad dirigidos a impulsar el dimensionamiento de las entidades asociativas y a favorecer la integración.

INTERLOCUCIÓN Y ÓRGANOS CONSULTIVOS

Otra de las novedades del texto aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno deja la interlocución con la Junta en manos de las organizaciones profesionales agrarias que "salen reforzadas" y que podrán participar además en los nuevos consejos agrarios provinciales y que se crean como cumplimiento de un compromiso de Legislatura, junto con un Comité Asesor Agroalimentario que tampoco existía.

Además se establecen los órganos consultivos en materia agraria y agroalimentaria: el Consejo Agrario de Castilla y León, los Consejos Agrarios Provinciales, el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, el Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León y las Mesas Sectoriales. El Quinto y último Libro de la Ley Agraria de Castilla y León se dedica a regular las infracciones y sanciones en el sector.

Los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario son otra de las novedades incluidas en el proyecto para ordenar y regular las actividades agrarias sobre el conjunto o partes de la Comunidad. Serán planes vinculantes en su ámbito sectorial de aplicación para otras actuaciones de las Administraciones Públicas y de los particulares.

La norma establece la creación del Fondo de Tierras Disponibles --sustituye al banco de tierras-- como un instrumento que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables. "Este fondo permitirá poner en valor tierras abandonadas, asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector agrario", ha asegurado Clemente que ha recordado que estos son los colectivos a los que se pretende beneficiar con la nueva ley.

Dentro de la procedencia de las parcelas se destaca aquellas de agricultores que hayan optado por ayudas a la prejubilación y así lo soliciten y las masas comunes y fincas sobrantes en las concentraciones parcelarias.

El Proyecto de Ley aprobado por el Consejo contiene también una novedosa regulación de la lucha contra las plagas agrícolas y las enfermedades de los animales, "definiendo sus objetivos estratégicos, estableciendo la planificación y la programación como instrumentos de ejecución de las políticas y actuaciones de la Administración de la Comunidad en esta materia de protección, y determinando el procedimiento de declaración oficial de plaga agrícola y de epizootia".

Además, se incluye el impulso a la investigación aplicada y el desarrollo biotecnológico, orientados a garantizar una adecuada capacidad de respuesta para la protección y lucha contra las plagas agrícolas y epizootias

Esta norma, con memoria económica y sustentada con el presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se llevará para su tramitación en las Cortes para lo que se pedirá que se habilite el mes de enero para que el texto "no se pare" y la ley pueda entrar en vigor "cuanto antes".