Anulado en nombramiento de la directora del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina

Rueda de prensa de UGT sobre la anulación del nombramiento de “Director” del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el nombramiento  de la “Directora” del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina, que la Diputación Provincial de Ávila realizó mediante Resolución de fecha 07 de septiembre de 2015.

Una anulación, que según la sentencia del TSJCyL la misma incurrió en desviación de poder, al haberse apartado del interés general propio de la ordenación de los servicios, ya que una sola persona acumulaba dos puestos de trabajo de jefe de servicio, tanto de Cultura y Deporte como de Servicios Sociales, hecho que declara ahora el Tribunal incompatible.

 

Este nombramiento se hizo con un informe favorable del Secretario General de la Diputación, y otro informe del Servicio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Diputación (que es el responsable de emitir informes relacionados con todo aquello que afecte al personal), contrario a la posibilidad de realizar una atribución temporal de las funciones de la Jefatura de Servicios de los Servicios Sociales, que declara el Tribunal "fue silenciado y omitido".

 

Para UGT Ávila "es evidente que el informe del Servicio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales no convenía a los intereses de la Diputación, pues fue obviado dos veces una en el Decreto de 7 de septiembre, y otra, en el posterior de 13-10-15 desestimatorio del recurso de reposición".

 

"En resumen - añaden desde UGT-, La Diputación nombra Jefa de Servicio de Servicios Sociales a una Funcionaria que ya es la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes. La nombra mediante un procedimiento de urgencia reservado solo a situaciones especiales, como es la -atribución temporal de funciones-. ¿Por qué? Porque la Funcionaria ya está ocupando un cargo de Jefa de Servicio en “Comisión de Servicio” y ya hubiera resultado rocambolesco renombrarla con otra Comisión".


Ahora la Diputación debe ejecutar la sentencia en sus propios términos, una vez comunicada la firmeza, lo antes posible dada la trascendencia que tiene, pues a fin de dar seguridad jurídica a todos los interlocutores que se relacionan con el área de servicios sociales, no se debe demorar su cumplimiento.

 

Destacan desde el sindicato que "este Servicio es el que más personal ocupa en la Diputación y el que más presupuesto maneja, y no se puede perpetuar durante meses la ilegalidad, máxime cuando se ha incurrido en desviación de poder y actuado en contra del interés general,  pues sería poco ético, estético y moral esconderse detrás de unos plazos, por muy legales que sean, debiendo de primar los principios de igualdad, mérito, capacidad y sobre todo el de transparencia".

 

Tras este fallo judicial, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT en Ávila, también se está a la espera de la resolución del Procurador del Común en cuanto a que la Diputación permitió que se hiciesen alegaciones fuera de plazo al reglamento del centro residencial “Infantas Elena y Cristina”, que luego fueron elevadas al pleno (con informe favorable del Secretario General de la Diputación) para su aprobación, como así sucedió, el 30/05/16.