Anulada por el Tribunal Supremo la sexta modificación del PGOU de Ávila

La sentencia afirma que no se comprende cuál puede ser la justificación de la modificación en un municipio con excedente de viviendas que no ha ejecutado las previstas. Esto podría suponer una indemnización millonaria por parte del Ayuntamiento de Ávila a la empresa Fuentebuena, a quien permutó los terrenos de Fuente Buena, donde está levantado el Centro Logístico Cylog.

Al anularse la sexta PGOU de Ávila, el Ayuntamiento no puede cumplir el acuerdo alcanzado en 2004 con los propietarios de los terrenos de Fuente Buena, por la permutación de los terrenos - la finca de Fuente Buena, por los terrenos de la carretera CL-505, muy próximos a Naturávila - y el permiso para construir en los mismos, lo que podría conllevar una indemnización millonaria. (El convenio se cifró en este año en aproximadamente 17 millones de euros).

 

El Tribunal Supremo ha desestimado finalmente los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Ávila contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló la Orden Fom/599/2011, de 6 de mayo, de la Consejería de Fomento por la que se aprobó definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila, publicada el 10 de mayo de 2011.

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que la modificación tiene por objeto la reclasificación de 926.129,93 metros cuadrados de suelo rústico común como suelo urbanizable, situados al sur de la CL-505, mediante la creación de tres sectores: el Sector SUR-pp 22,  denominado 'Los Barros', como suelo urbanizable residencial; el Sector SUR PP-23-A, 'Naturavila 1', como suelo urbanizable residencial-comercial, y el Sector SUR PP-23-B, 'Naturavila 2', como suelo urbanizable residencial.

 

La sentencia afirma que no se comprende cuál puede ser la justificación de la modificación en un municipio con excedente de viviendas que no ha ejecutado las previstas en el planeamiento vigente y cuyas previsiones no tienen respaldo en un posible incremento poblacional, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 

Concluye que la modificación impugnada no se ajusta a los principios de desarrollo sostenible al no justificar suficientemente los nuevos desarrollos urbanos que propone, una vez descartada la necesidad de incrementar el número de viviendas, rompiéndose además el modelo de ciudad compacta como puso de relieve la sentencia de instancia.

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