AmnistĂ­a Internacional Salamanca dice que "no debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos"

"El Tribunal Supremo debe tener en cuenta en el proceso las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre EspaĂąa", aĂąade

AmnistĂ­a Internacional de Salamanca ha hecho pĂşblica una nota en la que "considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparaciĂłn para las vĂ­ctimas y los familiares de una violaciĂłn masiva de derechos humanos. La investigaciĂłn de los abusos contra los derechos humanos es una obligaciĂłn de derecho internacional para el Estado espaĂąol, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto".

Aùaden, ademås: "Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas  la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso".

AmnistĂ­a Internacional considera "irrelevante que la investigaciĂłn del juez GarzĂłn infringiera o no la legislaciĂłn nacional espaĂąola, ya que es justamente la Ley de AmnistĂ­a de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraĂ­das por EspaĂąa en virtud del derecho internacional. Para la organizaciĂłn, jamĂĄs puede considerarse como delito la investigaciĂłn de violaciones de derechos humanos, aĂşn si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistĂ­a u otras normas relativas a la prescripciĂłn de los delitos".

AdemĂĄs, dicen, "es profundamente preocupante la dilaciĂłn que ha sufrido la investigaciĂłn de los crĂ­menes de desapariciĂłn forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de AmnistĂ­a Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harĂĄn pĂşblicas este aĂąo, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigaciĂłn de dichos crĂ­menes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisiĂłn final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra GarzĂłn".

Por tanto, llegan a la conclusiĂłn de que "tal investigaciĂłn parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crĂ­menes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organizaciĂłn considera que este hecho estĂĄ afectando de manera grave los derechos de las vĂ­ctimas y sus familias.

Por otra parte, AmnistĂ­a Internacional urge a las autoridades espaĂąolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparaciĂłn plena a las vĂ­ctimas y a sus familias".

En consecuencia, AmnistĂ­a Internacional "insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en lĂ­nea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre EspaĂąa, aplicando los tratados internacionales suscritos por este paĂ­s que prohĂ­ben la aplicaciĂłn de la amnistĂ­a o la prescripciĂłn a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desapariciĂłn forzada de personas".


InformaciĂłn adicional

"Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil espaĂąola y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crĂ­menes de derecho internacional en el momento de su comisiĂłn", apunta AI.

"Los efectos legales que se derivan de la condiciĂłn de crĂ­menes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acciĂłn penal y la prohibiciĂłn de aplicar amnistĂ­as o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes.

La Ley de AmnistĂ­a de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a vĂ­ctimas de desapariciĂłn forzada y sus familias. El ComitĂŠ de Derechos Humanos y el ComitĂŠ contra la Tortura, de la ONU, han seĂąalado que EspaĂąa debe revocar la Ley de AmnistĂ­a. Han reiterado a las autoridades espaĂąolas que la desapariciĂłn forzada y la tortura son crĂ­menes por los que no pueden aplicarse amnistĂ­as y que no prescriben".