304 familias de Castilla y León han solicitado en un mes cita al Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha realizado hoy en Burgos un balance del Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio cuando se cumple su primer mes de funcionamiento
Un total de 304 familias de Castilla y León han solicitado ayuda al Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio desde que se pusiera en marcha a principios del mes de noviembre, de las que 206 lo hicieron con carácter urgente. En 92 casos las familias se encontraban en situación de lanzamiento -el 44%- y en otros 114 estaban en situación de impago de mensualidades de la hipoteca –el 55%-. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que se ha desplazado a Burgos para hacer un primer balance de este nuevo servicio cuando se cumple el primer mes de funcionamiento, ha explicado que técnicos de su departamento han iniciado en diez casos la intermediación con entidades bancarias. Pero, además, de buscar la interlocución con las entidades bancarias, la Junta de Castilla y León está tratando de aportar soluciones paliativas y preventivas para las familias que se encuentran en riesgo de desahucio. De hecho, 100 familias han sido derivadas a algún tipo de ayuda para que puedan superar la situación de riesgo de exclusión social o para prevenir que caigan en esa situación. El Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riego de Desahucio ha derivado a los Centros de Acción Social (CEAS) a 57 familias para acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía, a Ayudas de Emergencia o a otras ayudas sociales. A otras 14 familias se les ha derivado hacia subsidios de desempleo y orientación laboral; en dos casos hacia una vivienda social de la Consejería de Fomento, y en 27 hacia asistencia jurídica gratuita. En el caso concreto de Burgos, 46 familias han recurrido al Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio y han sido atendidas en las cuatro oficinas disponibles en la provincia (Diputación de Burgos y ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero). 31 de ellas procedían de localidades de más de 20.000 habitantes, frente a las 15 del medio rural. El servicio, paso a paso Todas estas familias accedieron mediante una llamada al teléfono 012, dependiente de la Consejería de Hacienda, como puerta de entrada a un servicio que trata de guiar, con un enfoque integral, coordinado y sin duplicidades, a las familias que se hallan ante esta situación en todas las fases del proceso, incidiendo en la prevención, posibilitando la interlocución con las entidades financieras y buscando soluciones paliativas. En esta tarea están involucradas la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que pilota y coordina el programa, la Consejería de Economía y Empleo, la Consejería de Fomento, pero también las corporaciones locales, el Colegio de Registradores, el Colegio de Abogados, entidades sin ánimo de lucro, entre ellas Cáritas, y 10 entidades financieras que se han comprometido a designar un interlocutor único en cada entidad (Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter). Los trabajadores del teléfono 012 se encargan de evaluar el caso, determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso, la urgencia y, sobre todo, asignar citas a las familias con profesionales que atenderán cada caso en la oficina local que le corresponda. El servicio cubre la demanda de los castellanos y leoneses que lo necesiten desde las 30 oficinas locales que atienden directamente a las familias en riesgo de desahucio. Sus trabajadores ofrecen apoyo profesional para afrontar las consecuencias de la nueva situación de sobreendeudamiento, les asesoran sobre medidas de control de gastos, les ayudan a elaborar planes de economía familiar, al mismo tiempo que les informan sobre todos los apoyos que brinda el sistema de Servicios Sociales y a los que pueden acceder para evitar el riesgo de exclusión. Junto a esto, ofertan a la familia información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y las consecuencias que pudieran tener sus impagos. Toda la información proporcionada por las oficinas locales sobre cada uno de los casos es analizada en los servicios centrales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, quienes, cuando sea preciso, actúan como interlocutores entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos, tratando de estudiar soluciones adaptadas a su capacidad económica. El objetivo, como ha detallado la consejera, es ayudar a las familias a elaborar un plan de reestructuración de la deuda u otras alternativas, que posibiliten la obtención de un acuerdo entre ambas partes. Asimismo, la Junta ofrece orientación laboral, a través del Servicio Público de Empleo, a aquellas personas que más lo necesitan. En los casos en que estas actuaciones de prevención e interlocución no hayan impedido que se produzca al final el lanzamiento, se deriva a las familias a otros servicios alternativos, como la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía, programas de apoyo a las familias, protección a la Infancia o la búsqueda de alojamientos alternativos para situaciones de emergencia, en colaboración entre las corporaciones locales y la Consejería de Fomento, que sirvan para aliviar su complicada situación económica y social.