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Perspectiva de familia

José Javier Rodríguez
Blog de José Javier Rodríguez Santos

¿Escoger el centro educativo para los hijos?

La semana pasada destaqué una frase de la introducción del anteproyecto de LOMCE “Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. El sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones.” ¿Qué significa esta afirmación? ¿Qué razones la sustentan? ¿Qué implicaciones puede tener?...

 

También, hace algún tiempo mantuve un intercambio de opiniones con una persona muy implicada en la defensa de los derechos cívicos de todos los vecinos y de la ciudadanía salmantina. Su argumento consistía en que los niños deberían estar escolarizados en un centro educativo público situado en el barrio donde su familia viva, de este modo su socialización estaría plenamente integrada en el entorno seguro de su barrio y de su ciudad. Todo aquello que se separara de este principio el Estado no debería ni financiarlo ni garantizarlo.

 

Ahora bien, por más que intentaba dar razones, no comprendía que los hijos se deben a sus padres y no al Estado. Trataba de explicarle que, si el Estado obliga escolarizar a los niños desde los 6 a los 16 años, (LOE art. 4), el centro escolar debería ser el elegido ineludiblemente por los padres.

 

Se da la circunstancia de que una de las principales confusiones en este tema consiste en confundir el derecho a la educación con la obligatoriedad de la misma. Todos tenemos derecho a la educación (Constitución Española de 1978, Art. 27) pero en su desarrollo normativo el derecho pasa a ser deber. Así pues, si el Estado obliga a los padres a escolarizar a sus hijos, deberá facilitar siempre la elección del centro de enseñanza.

 

Implicaciones y consecuencias

 

La libertad de una elección educativa entraña una libertad para educar. Así pues, no se puede escoger si no existe diversidad de centros, diferentes modelos pedagógicos y diferentes opciones en el currículo y especialización de los colegios e institutos.

 

Toda elección conlleva la capacidad de dar razones y argumentos por los cuales se elige un centro y no otro, es decir, responsabilidad y compromiso por parte de los padres con la opción adoptada. Además, cuando un adolescente  decide libremente, aconsejado por padres y profesores, cómo ir construyendo su futuro su compromiso y su esfuerzo será mayor con el fin de demostrar con los hechos la veracidad de su elección.

 

Además, debería ser competencia de los Consejos Escolares y los Claustros de profesores de los centros públicos la definición su proyecto educativo y la especialización del centro. Ello implicaría que la dirección del centro pueda establecer prioridades a la hora de incorporar nuevo profesorado, tenga capacidad para decidir sobre la gestión y empleo de los fondos económicos que recibe de la Administración, así como que cuente con cobertura legal para buscar ayudas externas monetarias, humanas o en especie, sin más cortapisas que las de estar abiertos a una inspección fuerte y a una certificación del grado de consecución de los objetivos generales por parte de la Administración Educativa a través de la Inspección Educativa.

 

Al mismo tiempo, el Estado debería garantizar una suficiente oferta de centros de enseñanza de iniciativa social que respete los principios constitucionales y que sea diversificada y plural a fin de que las familias pudieran optar por el modelo educativo que más les convenza.

 

Finalmente, esta opción de libertad comprometida y responsable implica eliminar la zonificación de centros. Los baremos que otorgan puntos por vivir cerca o lejos de de centro tiene un alto grado de limitación y supone una intromisión del Administración en la decisión de los padres. En este sentido, el año pasado en Salamanca las 10 zonas de influencia en infantil y primaria se redujeron a 3. Ello no supuso ningún problema técnico ni colapso en las solicitudes. Es más, se incrementó el porcentaje de familias que llevaron a sus hijos al centro educativo elegido en como primera opción.

 

Conclusión

 

No se puede elegir si todos los colegios desarrollan el mismo currículo único, si diseñan idénticos modelos educativos, si utilizan similares libros de texto, si ofertan las mismas optativas… La elección implica dos cuestiones muy claras: por un lado, confianza en desarrollo profesional de la labor docente de maestros y profesores y, por otro, fiarse de la decisión y de la elección que los padres realizan para la educación de sus hijos. Así pues, ¿Alguien pone en duda la profesionalidad y buena intención de los maestros? ¿Existe alguien que piense que un padre no desea lo mejor para su hijo?

 

Estos días escucho muchas voces contrarias a esta opinión. En un Estado democrático la responsabilidad y obligación de educación de los hijos corresponde a los padres. Si esta pasara a manos del “estado”, de los partidos políticos o de los sindicatos estaríamos en otro modelo de nación que no se corresponde al definido en nuestra Constitución

Comentarios

José de M. 25/12/2012 19:53 #2
Un pequeño comentario, si me permites: El reconocimiento de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos no representa una novedad del anteproyecto de la LOMCE, sino que ya está en la Ley Orgánica 8/1985, en la nueva redacción dada por la LOE. LOE Disposición final primera, en relación al Art. 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación. Me parece perfecto que la LOMCE lo recuerde de nuevo, pero ya es un precepto orgánico.
Vicente 25/12/2012 13:01 #1
¡Qué pena tener que defender y explicar algo que es tan obvio! Este deseo de intervencionismo es una forma moderna del célebre "¡Vivan las cadenas!", sobre todo si quien impone las cadenas son los "nuestros". Por eso tienen pánico a la libertad, en especial a la educación y conciencia.

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