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La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

Una nueva “línea de crédito” moral

En estas últimas semanas de vértigo, la “probada solvencia” del gobierno ante la crisis me ha recordado la “diligencia” en el reconocimiento y repatriación de las víctimas del Yak 42, la “concienzuda investigación” de los atentados del 11M que les llevaba a “no descartar ninguna hipótesis”, o la “hábil maniobra de alejamiento” del Prestige y su “objetividad informativa” que le valió a Rajoy el merecido sobrenombre de El Señor de los Hilillos.
Porque, si, en palabras de Luis de Guindos, “este gobierno sabe lo que hay que hacer”, entonces, la palabra “saber” cobra otro significado: Y entendemos que “saben perfectamente lo que hay que hacer” al analizar las prioridades de su programa neoliberal y ultraconservador que les ha llevado iniciar la modificación de la ley del aborto, cambiar la educación para la ciudadanía para hacerla compatible con la “ciudadanía religiosa”, la reforma laboral, la persecución implacable del fraude en las prestaciones sociales y no así el fraude fiscal para el que se concede una generosa amnistía, los recortes en sanidad, educación suficientes para forzar la falsa idea de que la sostenibilidad del sistema pase por su privatización, etc. Pero parece que otra vez las repercusiones económicas e informativas del rescate bancario, aunque se quiera minimizar como hilillos o “línea de crédito” los ha vuelto a descolocar.

Decía Joaquín Costa en Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España que “Las oligarquías que han detentado y usufructuado el poder en los últimos treinta años carecen de aptitud y de autoridad moral para iniciar, impulsar y presidir esa revolución (el necesario rescate moral o “nueva línea de crédito moral”, si se prefiere), siendo por ello preciso […] que se jubile a la feudalidad reinante y se la sustituya por una generación nueva de políticos no gastada ni fracasada, no complicada en la decadencia y caída de la nación”.

Un ejemplo entre muchos de esa decadencia moral podría ser el hotel de El Algarrobico, en el Ayuntamiento de Carboneras, Almería, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Pues bien, la empresa Azata del Sol SL logró en su día los beneplácitos legales de todas las administraciones, modificando “puntualmente” el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque para retirar la protección al suelo y conseguir edificar “legalmente”. Porque no es que “quien hizo la ley, hizo la trampa”, ni que la ley te permita trampear, es que la ley se modifica especialmente para trampear.

Y así fue posible la construcción de este portentoso hotel de 24 plantas, el primero de los 8 proyectados, de los 1500 apartamentos previstos y del hermoso campo de golf, nada más y nada menos, que en Almería y en primera línea de playa. Tan en primera, que violaba la Ley de Costas, por lo que tuvo que paralizarse su construcción. Un proyecto, como puede apreciarse, perfectamente “legal y sostenible”. Hasta la semana pasada, en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) devolvía a los terrenos la calificación de no urbanizable.

Y la situación ahora refleja perfectamente, en los debates y propuestas que llegan a hacerse, la altura moral a la que hemos llegado: Mientras la Junta de Andalucía ha calculado que la demolición costaría 8,5 millones de €, Greenpeace presenta un proyecto de derribo controlado y restauración medioambiental de 7,2 millones; al mismo tiempo, 30 municipios reclaman su apertura (que consideran más económica que su derribo, aunque sea ilegal) y que generaría más de 500 puestos de trabajo en la zona. A falta de más de 30 procedimientos judiciales pendientes, no hay culpables, a nadie se le puede hacer pagar el coste del despropósito, y algunos empiezan a pensar que lo mejor es aceptar la ilegalidad.

Pero como tampoco ha habido culpables en la urbanización de Las Navas del Marqués en Ávila, ni es presumible que León de la Riva, Alcalde de Valladolid, sea hallado culpable por modificar “puntualmente” y en beneficio de algunas constructoras el PGOU, porque todo es “perfectamente legal”.

Y todavía se puede rizar más el rizo, de forma que se pueda situar en la ilegalidad a las víctimas, como ha ocurrido con el edificio conocido como el muro de la Trinidad, una construcción que se ha ido “legalizando” a medida que iban cometiendo infracciones y que ha terminado por situar en la ilegalidad a los propios vecinos de calle Alarcón de Salamanca (ver).

De ahí, que sea tan importante paralizar las infracciones como la de Valdevaqueros en Cádiz o el proyecto de aparcamiento subterráneo en rotación en el antiguo Teatro Bretón en pleno casco histórico de Salamanca. Por lo menos, hasta que desalojemos a esta generación de políticos que lleva mas de 130 años en el poder y recibamos una nueva “línea de crédito” moral.

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