Antonio moreno original

La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

El régimen sin nombre

La semana pasada en una mesa redonda en el IES Fray Luis de León sobre derechos humanos y crisis en España, quedó perfilado en qué medida y cómo se habían ido atacando los derechos humanos, especialmente los de segunda generación, en el trascurso de la crisis. Nadie puede mantener que con más del 25% de la población en paro, con una reforma laboral hecha a medida de los intereses empresariales y sin ninguna expectativa real de cambio de tendencia, se pueda seguir hablando del derecho al trabajo y a la protección de los derechos laborales en España. Y lo mismo podríamos decir del derecho a la salud, a la educación o a la protección social con unos recortes y unas iniciativas privatizadoras que no aseguran el derecho universal a la atención sanitaria, a la compensación de desigualdades en la educación y a la protección social de personas dependientes o en riesgo de exclusión.

Y recordaba cómo Fungairiño, siendo fiscal general del estado, generó una considerable polémica cuando se negó a llamar “dictadura” al régimen de Pinochet en Chile, respaldando con sus afirmaciones todos los pretendidos intentos de justificación de los golpistas, para considerarlo simplemente como una “suspensión temporal del orden constitucional establecido” con el fin lógico de mantener la paz que las deficiencias lo ponían en peligro.

 

Así que, mutatis mutandis, a esta situación de “suspensión temporal de los derechos humanos de segunda generación”, puesto que se restringen, suspenden o aplazan sin otra pretensión que asegurarlos, como frecuentemente se nos recuerda, difícilmente podríamos seguir llamándola democracia, como tampoco se podría llamar democracia al régimen de Pinochet, pese a los argumentos del ex fiscal general del estado.  Pero, como tampoco se trata abiertamente de una dictadura, el resultado es que nos hemos quedado sin nombre para calificar de una forma más precisa y sin autoengaños a este régimen político que padecemos. Así que, nos enfrentamos a un “régimen sin nombre”, de forma semejante a cómo Pierre Aubenque llamó “ciencia sin nombre”, al estudio del ser en cuanto ser aristotélico, hasta que Andrónico de Rodas lo  localizó “más allá de la física” y ahora todos lo llamemos, no sin cierta confusión, “metafísica”. De la misma forma, podemos seguir llamando a este régimen de suspensión de derechos “democracia”, como aceptaríamos calificar “barco” como un animal acuático.

 

Igual que seguimos llamando “Unión Europea”, “unión monetaria” y “armonización fiscal” sin que lleguemos a entender el significado concreto que quieren hacernos creer que tienen esas palabras. Así, ha bastado que salte la noticia de que Gérard Depardieu haya trasladado su residencia a Néchin, una pequeña localidad Belga a tan solo un km de la frontera francesa para que todo salte por los aires. El 27% de la población de esta localidad belga son franceses ricos que han establecido allí su residencia para evitar la presión fiscal. No me resisto a calificar de “verdaderos patriotas” a estos ciudadanos que con una situación económica más que acomodada se resisten a contribuir proporcionalmente cuando la clase media baja está sufriendo la crisis “por encima de sus posibilidades”. Pero no creo que haya que llamarlo “exilio fiscal”, sino simplemente evasión fiscal legalmente consentida. Porque, tras el aparente nombre de “unión monetaria y fiscal” se esconden todas estas maniobras nacionales para captar residentes acaudalados o empresas en perjuicio de sus “teóricamente” socios. Así, Bélgica consigue en este caso un 7%, que es algo, aunque Francia se quede sin el previsto 75% de mucho y siguen ganado los de siempre. Y lo mismo podríamos decir de Zara, que factura sus compras por internet desde Irlanda, con lo que paga muy poco en Irlanda (pero es mejor muy poco que nada deben pensar las autoridades irlandesas) y deja de facturar lo que le corresponde, que es más, en España. ¡Y con estos mimbres de “buenas prácticas” fiscales pretenden construir la “Unión Europea”! Tra-la-rá.

 

Y en lo local no le vamos a la zaga. En el último pleno del Ayuntamiento de Salamanca hemos asistido a otro episodio más de esta farsa sin nombre que llamamos democracia. Puesto que se ha puesto en práctica una privatización de la función policial de denunciar y retirar los vehículos mal estacionados para encomendársela a una empresa privada,  y resulta que es ilegal (además de poco democrática), se cambia la ley y punto. Así estamos.

 

Por eso, cada vez más no sólo es necesario, sino urgente, parar esta farsa e iniciar un proceso constituyente que nos conduzca a una verdadera democracia. Quizá fuese solo eso lo que quisieran decirnos los mayas.

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