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La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

El declive de la democracia en la escuela

La escuela pública constituye, según la mayoría de los expertos, la institución que más profundamente contribuye a la convivencia democrática. No es que la educación sea, como suele decirse, aunque sólo en campañas electorales, una inversión y no un gasto, y que, por tanto, favorezca al desarrollo personal, profesional y económico, sino también que es la institución que más aporta para reducir las desigualdades sociales, mejorar la movilidad y promoción social, y, sobre todo, porque la convivencia de niños y adolescentes en las instituciones escolares permite fraguar los valores compartidos sobre los que se asienta la convivencia democrática. Según esto, la calidad de una democracia y el calado de las convicciones y prácticas democráticas de sus miembros estarían ligadas al número de años compartidos en la escuela pública.

Por eso, es tan importante la inversión en educación, sobre todo, si los datos (y no sólo los resultados del Informe Pisa) no son buenos: tasa de abandono escolar, porcentaje de la población con estudios medios o superiores, índices de lectura, etc. Así que, no es en la educación (ni la sanidad, ni los servicios sociales, etc.) donde deberían aplicarse recortes de gasto, pero, no sólo porque hipotecamos el futuro, sino porque estamos contribuyendo a minar uno de los pilares de nuestro sistema democrático. De ahí, que resulte especialmente preocupante el aumento por decreto de la carga lectiva en los horarios de profesores que han adoptado algunas CCAA, por la repercusión inmediata que tiene en la educación. Vaya por delante desde aquí mi solidaridad y apoyo a mis compañeros en sus movilizaciones y huelgas.

Y vaya también mi apoyo a los profesores del IES Mateo Hernández de Salamanca que tendrán que reorganizar grupos, horarios al negarse la Dirección Provincial de Educación a cubrir las plazas de profesores que necesitan y les habían asignado. No es un ajuste inocente, ni sin consecuencias. Es un mazazo al sistema educativo, a las reivindicaciones sindicales y profesionales. Hay que decirlo: reducir las partidas presupuestarias de los centros y retrasar su entrega, reducir el número de grupos para incrementar el número de alumnos por aula, no cubrir las vacantes, incrementar el número de horas lectivas de los profesores, etc. son recortes educativos y también se están haciendo en Salamanca y en Castilla y León y contra ello nos concentramos el 20 de Septiembre en la Plaza del Liceo.

La escuela pública debe garantizar el derecho a la educación y ofrecer una educación de calidad. Por eso, los poderes públicos deben centrarse en garantizar el derecho a la educación. Y no puede confundirse el derecho a la educación, que es prioritario, con el llamado €œderecho€ de los padres a elegir la educación y centro que quieren para sus hijos. Esta confusión interesada ha modificado la concepción de los conciertos educativos con centros privados, de forma que estemos costeando entre todos a quienes no quieren ni creen en la enseñanza pública, una enseñanza privada ajena a los valores democráticos y de integración de la escuela pública y, en algunos casos, de principios constitucionales. Y el 20 de septiembre también nos concentramos en defensa de una escuela pública de calidad.

Sin embargo, hay algo por lo que no nos concentramos el día 20 y que merece nuestra atención. Si hay que defender la escuela pública como uno de los pilares de la democracia, también es verdad que hay que defender la democratización de los centros escolares. Tras las enormes expectativas de participación de todos los sectores educativos en las instituciones escolares que abrió la LODE, hoy nos encontramos un panorama más bien sombrío y en retroceso. Los Consejos Escolares, el órgano colegiado más importante de gobierno de los centros en el que se integraban padres, profesores, alumnos, personal de servicio, representantes del ayuntamiento, nunca recibieron el suficiente apoyo institucional y han ido perdiendo sus competencias. Ahora los tiros no van por reforzar la participación, sino por mejorar la gestión, la autoridad y las competencias del director, de los profesores y de los equipos directivos. Todo ante nuestros ojos, pero sin que hayamos dicho nada. Ya los consejos escolares no tienen capacidad de elegir al director o directora. Se ha optado por otro modelo, se nos dice. Ni los departamentos pueden proponer de manera vinculante a la persona que vaya a coordinarlo y ser jefe del departamento: Ahora es potestad del director o directora nombrarlo. Y, para colmo, se nos presenta en Andalucía como un avance que los directores puedan asumir competencias sancionadoras de los profesores y personal auxiliar.

La LODE ha muerto. Estamos en otro modelo, más jerárquico, memos participativo, menos democrático€Ś Pero, por favor, que no nos vendan que este modelo contribuye a mejorar la autonomía de los centros.

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