Antonio moreno original

La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

Coge el dinero y corre

Resulta difícil acomodarse a esta nueva moral imperante entre las élites políticas y económicas, pero es imprescindible desentrañarlas si queremos entender algunos fenómenos recientes.El caso del Sr. Dívar (D. Carlos) es especialmente paradigmático. Este Sr., amparado en una legalidad fundada en una moralidad arcaica donde el honor era el principio dominante y que dejaba a discreción jornadas, compañías, viajes, dietas y gastos de diverso tipo, no se ha visto nunca en la necesidad de convocar una rueda de prensa (ninguna en más de 3 años) ni de dar explicaciones. ¿A quién podría dárselas? De ahí, su perplejidad ante algunas de las reacciones y acusaciones: No entiende que alguien le pueda exigir a él que explique su semana caribeña, ni sus viajes, ni sus hoteles, ni sus gastos. Y, como no lo entiende, no las ha dado.
Y, al actuar así, ha dado por cerrado el tema y reforzado el prestigio de la institución que preside, como muy bien ha reconocido ese caballero andante, protector incansable de todos los débiles, sean estos notarios, registradores de la propiedad o miembros del CGPJ, que es Alberto Ruiz Gallardón.

Y lo mismo ocurre con Rodrigo Rato o con Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ni tienen que comparecer ante el Congreso, ni dar explicaciones, ni ser objeto de una comisión de investigación, no porque no quieran ellos darla (que si hay que darla, se da), sino porque el gobierno no lo estima oportuno o generaría más incertidumbre e inestabilidad en los mercados, que ya sabemos cómo son de sensibles a estas cosas del honor.

Además, para una justicia estamental, que no llega a burguesa y menos aún democrática, es más que ofensivo pensar que en algunos de estos casos exista alguna ilegalidad. Si no hay ilegalidad, no se puede dudar de la moralidad de señores de tal categoría. Esta misma justicia fue la que con toda su buena lógica, que es lo que estamos intentando descifrar, declaró no culpable a Camps.

Porque esta justicia, que se apoya en principios aristocráticos y no en criterios democráticos, confunde la moral privada con la moral pública y aquellos asuntos que nos afectan a todos como son el uso de los dineros públicos, la sanidad o la educación, quieren hacerlos objeto de elección o cuestión privada; y aquellos asuntos que son claramente privados, como la orientación sexual, la dignidad ante la enfermedad o la muerte, etc. quieren elevarlos a normas legales públicas.

Así, las prácticas que ellos consideran “privadas” no pueden juzgarse de acuerdo a criterios públicos compartidos ni ser supervisadas de acuerdo a unos mínimos de transparencia y control democráticos, porque sólo ante su honor o ante Dios (sus creencias religiosas privadas) pueden ser juzgadas.

El problema es que en esta sociedad tan mercantilizada en la que vivimos, no es sólo que el propio honor se haya mercantilizado y tenga un precio, sino que el propio honor se ha terminado confundiendo con el dinero. ¡Qué mayor honor que levantarse 500.000 € al mes y despedirte con alguna pensión millonaria! El honor es tu dinero, por eso, no puede existir despido deshonroso cuando se ha llegado a la cima, ni tienes que dar explicaciones a nadie: tu honor y tu capacidad se miden por la pensión que te hayas asegurado. Lo demás no importa. Así que, como en la película de Woody Allen, aquí, en esta nueva moral de la que estamos hablando, no hay mas regla que la de “coge el dinero y corre”.

Esta es la clave y no podemos engañarnos. Porque esta es la única forma de entender la reacción de la exdirectora de la CAM. Mª Dolores Amorós. “¡Qué valor!¬ -me decían algunos, “¿cómo se atreve a reclamar la pensión con la situación en la que ha dejado la entidad y habiendo recibido, además, ayudas públicas?”. “Porque, al reclamar no sólo puede poner en peligro su pensión, sino reputación.” -me decían otros. Y no es eso. Su honor era su pensión y no iba a dejar que lo mancillasen y se la quitasen. Así de claro. Esta es la naturaleza moral de estos individuos, y hay que entenderla, aunque no la compartamos.

Por eso, es necesario solicitar y apoyar todas las comisiones de investigación y no dejarlo y fiarlo todo en las demandas judiciales. Porque no han hecho nada “ilegal” y no van a correr con las responsabilidades penales o económicas, pero, por encima de todo, hay que asegurarse que se depuren las responsabilidades políticas. Ya sé que es poco y que la reprobación moral no es suficiente, pero es absolutamente necesaria.

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