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¡Es tu derecho!

Teresa Jiménez Sastre

Los ciudadanos y las administraciones públicas

Algunos ciudadanos califican como insatisfactorias sus relaciones con los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas y Estado, al considerarlas en numerosos casos como  “privilegiadas y preeminentes”.


Sin embargo, los ciudadanos ante estas Administraciones Públicas tenemos, entre otros, los siguientes derechos:


1.- Podemos conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengamos la condición de interesados y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.


Se trata del derecho de acceso y conocimiento del procedimiento administrativo, de forma que se garantice al administrado la posibilidad de conocer en cualquier momento todo lo actuado en dicho procedimiento y su documentación. Este derecho es fundamental para el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, a formular alegaciones. Si a usted le impiden ejercitarlo, le aconsejo que presente un escrito denunciando la vulneración de este derecho y la imposibilidad de acceso y conocimiento del expediente, presente este escrito de denuncia y quédese con la copia sellada a los efectos de solicitar una posible nulidad de actuaciones.
Respecto a la expedición de copias a solicitud de los interesados, la Administración le puede cobrar una tasa (depende del caso) pero tiene derecho a obtener copia de todo lo actuado.


2.- A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.


Este derecho tiene mucha importancia porque garantiza otros derechos, por ejemplo, recusación (puede suceder que quiénes tramitan el expediente tengan interés en el asunto, sean administradores de sociedad interesada, tengan cuestión litigiosa pendiente con alguna de las partes, parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, hayan intervenido como peritos o testigos en el procedimiento de que se trate o tengan alguna relación de servicio o profesional).


3.- A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.


Aunque la copia debe presentarse por el interesado, el funcionario del registro está obligado a entregar el recibo que acredite la fecha de la presentación. Se admite como tal la copia de lo presentado, sellado por la oficina donde se presenta. Es decir, el funcionario de registro no tiene obligación de hacer la copia, pero el administrado sí puede exigir la expedición de un recibo acreditativo de la presentación y su fecha.


El funcionario se puede negar a efectuar las copias (puede hacerlas y cobrarlas), pero no se puede negar a entregar el recibo en el acto.


4.- A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.


Las alegaciones presentadas por el ciudadano obligan:


Al instructor del procedimiento a tenerlas en consideración al formular la propuesta de resolución (pero tener en consideración no significa que se tenga la obligación de estimarlas).
Al órgano con competencia resolutoria (órgano que finaliza el procedimiento administrativo a través de la resolución) a resolver de forma razonable, coherente y lógica, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas.


Actualmente, en la práctica se desestiman las alegaciones en la mayor parte de ocasiones, obligando al administrado a formular los oportunos recursos y, posteriormente, a acudir a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.


5.- A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.


No se ha de acreditar la condición de interesado para ejercer este derecho, ya que el procedimiento ni siquiera ha de estar iniciado. Se trata de suministrar a los administrados una información general cuyo objeto sea facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.
Esta consulta no tiene valor jurídico, aunque existen sectores concretos de la AP en los que el contenido de la consulta sí puede tener carácter vinculante, como por ejemplo en la Administración Tributaria.


La regla general es, por tanto, que el resultado de la consulta no vincula a la Administración.
No obstante lo anterior, sirva de ejemplo que si un ciudadano efectúa una consulta a un Ayuntamiento solicitando información para construir una vivienda en una finca de su propiedad, cumple lo que se le indica en la misma y, finalmente, no le conceden la licencia de obras (por causa imputable a las gestiones realizadas hasta ese momento), si puede demostrar que ha efectuado determinadas inversiones, puede estar ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración.


6.- A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
El trato respetuoso lo exige la propia dignidad humana. Es significativo que lo exija la ley y, además, su vulneración esté tipificada como falta.


7.- A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.


En definitiva, usted tiene unos derechos reconocidos legalmente que puede ejercer ante las autoridades, funcionarios o personal al servicio de las Administraciones Públicas.

 

Teresa Jiménez, Abogada en ejercicio del I.C.A. de Ávila

Comentarios

wkra 25/12/2013 10:40 #2
Enhorabuena. Este blog claramente se está convirtiendo desde el primer día en una lectura interesante que instruye y asesora al lector. Muchas gracias.
boliviano 23/12/2013 10:58 #1
esplendido artículo claro didáctico y sobre todo útil. Enhorabuena a la autora y a tribuna de avila por este blog.

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