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Enrique Cabero
Blog de Enrique Cabero. Portavoz de PSOE Salamanca

Igualdad y derecho de orientación sexual

No cabe duda en la actualidad de la existencia de un derecho subjetivo a disponer de una orientación sexual, libremente elegida por la persona. Este derecho, como todos aquellos que resultan inherentes a la personalidad, emana directamente de la dignidad de la persona, que, en palabras del artículo 10.1 de la Constitución Española (CE), es €œfundamento del orden político y de la paz social€. Surge además el derecho citado del acervo jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

El derecho a la libre elección de la orientación sexual, que cuenta con importantes previsiones normativas en el Derecho español y en el de la Unión Europea, ha merecido también la atención de los órganos jurisdiccionales y, singularmente, del Tribunal Constitucional (TC), principalmente en resolución de recursos de amparo. La definición de los contenidos de este derecho conduce acertadamente a la determinación de dos planos prácticos interesantes. Por un lado, se otorgan facultades de acción y omisión en este ámbito a todas las personas y, por otro, se facilita el reconocimiento jurídico pleno de la homosexualidad como derecho, con las consecuencias constitucionales que al respecto establece el artículo 53 CE, tanto en lo que se refiere al contenido esencial y su interacción con las leyes y los reglamentos que las desarrollan, como en lo relativo a la tutela judicial efectiva, así como, cuando proceda, a la posible interposición de recursos de amparo ante el TC.

La dotación del oportuno estatuto constitucional a la orientación sexual y, en definitiva, a la homosexualidad, abre asimismo nuevas perspectivas en el campo de la igualdad real y efectiva, así como, consiguientemente, de la no discriminación. Aparecen de este modo, por fin, la terminología, el concepto y la aplicación práctica correspondiente a la igualdad y no discriminación por orientación sexual. Se suma, por tanto, expresa y tácitamente, con rotundidad indiscutible, la prohibición de discriminación por orientación sexual en el elenco propio de las declaraciones constitucionales e internacionales del derecho fundamental de igualdad, esto es, se reconoce el derecho de igualdad sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Supone lo dicho hasta ahora un gran avance en la asunción estatal y social de la homosexualidad como derecho y bien jurídico protegible, incluso al más alto nivel, pues la homofobia se incorpora a los códigos en diversos tipos penales. Son resultados de este avance institucional, por ejemplo, la regulación del matrimonio contraído por personas del mismo sexo o la presencia de normas o de jurisprudencia sobre parejas de hecho formadas por personas del mismo sexo, hasta en el ámbito de la Seguridad Social y sus prestaciones, como en la viudedad.

Queda no obstante mucho por hacer política, social, educativa y culturalmente en relación con la homosexualidad y la orientación sexual, y mucho más sobre la transexualidad. Ayer en Salamanca un grupo amplio de personas insistió en la necesidad democrática de seguir avanzando en derechos y libertades, en la promoción de la igualdad real y en la tutela eficaz contra la discriminación directa e indirecta. Esperemos que el mensaje se escuche, se entienda y se comparta cada vez mejor.

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