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Enrique Cabero
Blog de Enrique Cabero. Portavoz de PSOE Salamanca

El reformazo laboral

El viernes pasado el Gobierno aprobó por decreto-ley la anunciada reforma laboral. Aunque a la vista de su contenido puede parecer lo de menos, no está de más llamar la atención sobre cómo se abusa de nuevo del decreto-ley para las modificaciones de la legislación laboral, pues sorprende la interpretación amplia en estos casos de los conceptos de extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución Española. Recuérdese, sin ir más lejos, que el Tribunal Constitucional por esta razón declaró inconstitucional el decreto-ley del Gobierno presidido por José María Aznar que introdujo en 2002 el denominado €œdespido exprés€.

El viernes pasado el Gobierno aprobó por decreto-ley la anunciada reforma laboral. Aunque a la vista de su contenido puede parecer lo de menos, no está de más llamar la atención sobre cómo se abusa de nuevo del decreto-ley para las modificaciones de la legislación laboral, pues sorprende la interpretación amplia en estos casos de los conceptos de extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución Española. Recuérdese, sin ir más lejos, que el Tribunal Constitucional por esta razón declaró inconstitucional el decreto-ley del Gobierno presidido por José María Aznar que introdujo en 2002 el denominado €œdespido exprés€.

Hay quien pensaba antes del sábado, día de la publicación del decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado, que esta iba a ser una reforma más de la legislación laboral, en la línea incluso de las más recientes, una especie de enésima edición de la €œreforma laboral permanente€, como la denomina el profesor Palomeque, que venimos padeciendo desde hace años, mas no ha sido así. Se han roto los consensos esenciales forjados en 1980 para el desarrollo de la Constitución en estas materias que acabaron conformando el actual marco normativo de las relaciones laborales, expresados en el Estatuto de los Trabajadores. Esta no es la reforma equilibrada que se había prometido, sino una alteración injustificada de las soluciones normativas que estructuran un modelo laboral al que se le ha culpabilizado tendenciosamente de la crisis y el desempleo.

Precisamente con la excusa de la crisis económica y su principal consecuencia, el grave problema del desempleo, se ha decidido reformar la legislación laboral sabiéndose que no se hace frente de esta manera a las causas reales de la crisis y que no se generará con este decreto-ley ni un solo puesto de trabajo. Se ha sucumbido a la tentación, presente siempre en estas coyunturas, pero ahora en grado sumo, de aprovechar la ocasión para limitar o suprimir derechos conquistados históricamente por los trabajadores.

Dicen los autores de este despropósito que se trata de flexibilizar los instrumentos que permiten al empresario la modificación sustancial de las condiciones de trabajo para evitar las reducciones de plantilla y, por ello, los despidos. Sin embargo, la reforma no afecta exclusivamente a los convenios colectivos o a la movilidad funcional o geográfica, sino que exagera curiosamente con la facilitación del despido, tanto desde el punto de vista de las causas y los procedimientos, eliminando posibilidades de negociación y controles administrativos, como desde el muy notable abaratamiento del despido, con una fuerte reducción de la cuantía de la indemnización por despido ilegal.

Y es que, aunque se dijo una y otra vez, la pasada legislatura no se modificó la ley para reducir esta indemnización. Es en este momento cuando se hace por primera vez, extendiendo una previsión que se aprobó en 1997 solamente aplicable a los contratos para el fomento de la contratación indefinida. En fin, se acuerda un abaratamiento del despido ilegal para, según se explica, solucionar la crisis y generar empleo (Âż?). No me extraña que se intente escribir la idea con letra pequeña.

No me resisto a reproducir unas palabras que en febrero de 2009, reflexionando sobre estos asuntos, publiqué en La Gaceta de Salamanca: €œNo olviden, y esto sí que tiene relación con el origen de la crisis, que lo aconsejable es el abaratamiento, con la fijación de topes, del despido del personal de alta dirección, sobre todo en las grandes empresas, así como la regulación adecuada de sus retribuciones. El pago de sus salarios e indemnizaciones ha contribuido a descapitalizar las sociedades, como bien saben los sufridores de siempre€. Dos años después se han quedado cortas las referencias que se han introducido en el decreto-ley a los directivos de entidades financieras, pensadas únicamente para que se vean como una compensación al desaguisado.

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