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Enrique Cabero
Blog de Enrique Cabero. Portavoz de PSOE Salamanca

Contra los recortes en Educación

La comunidad educativa se encuentra especialmente preocupada por los recortes contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, por las disposiciones aprobadas por el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, que introducen un recorte adicional de 3.000 millones de euros, y por la ausencia de presupuesto en la Comunidad de Castilla y León para este año. Estos recortes generan repercusiones directas sobre las ratios que fijan el número de estudiantes por aula y sobre la dimensión de las plantillas de personal docente y de administración y servicios y sus condiciones de trabajo, así como, entre otros aspectos, conducen a la desaparición de programas de cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Asimismo este decreto-ley limita sustancialmente la autonomía universitaria que reconoce la Constitución Española en su artículo 27.10, desde los puntos de vista académico y económico-presupuestario. El resultado de estas medidas es la reducción estructural de las universidades y, en particular, de sus plantillas de personal docente e investigador, olvidándose de la relevancia del personal en formación para el presente y el futuro del sistema, y de personal de administración y servicios, del número de estudiantes a causa de la extraordinaria subida de los precios de matrícula y de la reducción de las becas, así como de los presupuestos para I+D+I y para inversiones en general.

Este contexto negativo se ve agravado por las decisiones que también se adoptan relativas a la paralización de las nuevas especialidades de formación profesional, muy vinculadas el mundo del empleo y de la empresa, y la suspensión de las novedades diseñadas para el bachillerato.

El Gobierno de España ha utilizado de manera inadecuada, contraviniendo el artículo 86.1 de la Constitución Española, el decreto-ley para reformar normas que son esenciales en la definición del sistema educativo español, como la Ley Orgánica de Universidades.

La modificación de estas normas exige un periodo de consultas en los órganos (como el Consejo de Universidades) y con las organizaciones que representan a la comunidad educativa y sus integrantes (personal, madres y padres, estudiantes), así como el oportuno debate parlamentario.

No se trata en sentido estricto, además, de una reforma abordada desde parámetros educativos o académicos, por lo que no se valoran las mayores eficacia y eficiencia desde la perspectiva del desarrollo de la personalidad y la formación personal, de la igualdad real o de la adquisición de capacidades para la prestación de trabajo o el empredimiento.

Se está simplemente ante una serie de medidas de recorte en la financiación que dañan gravemente la calidad y el rendimiento académico, minusvaloran la actividad de los y las docentes, que se han visto sometidos sorprendentemente a una campaña de desprestigio por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y perjudican las potencialidades individuales y colectivas para el progreso socioeconómico.

No parece necesario insistir en la importancia de la Educación en las sociedades avanzadas para la igualdad, el bienestar, la protección de la familia (incluida la garantía del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral) y el empleo.

No obstante, conviene remarcar en este punto la naturaleza estratégica de la Educación y, singularmente, de la Universidad en la ciudad de Salamanca, tanto en la creación directa de empleo, como en la dinamización económica y empresarial, principalmente del sector servicios, fundamental en nuestra economía productiva local. No en vano se dice en Salamanca que la Universidad es más que una institución de Educación Superior, pues funciona como una de las empresas más relevantes y como uno de los referentes básicos de su imagen y proyección nacional e internacional.

No cabe duda de que un recorte en el presupuesto de la Universidad de Salamanca y la disminución de su plantilla y del número de estudiantes, muchos de ellos procedentes del resto de España y de otros Estados, generarán efectos muy negativos en la actividad empresarial local.

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