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Fernando Rodríguez López
Blog de Fernando Rodríguez López.

Pecados no tan menores

El problema principal con las Administraciones Públicas en España no es que tengan demasiados funcionarios y demás trabajadores cobrando sueldos de los presupuestos públicos.

El problema principal con las Administraciones Públicas en España no es que tengan demasiados funcionarios y demás trabajadores cobrando sueldos de los presupuestos públicos. El problema principal es que hay demasiadas Administraciones Públicas, y el país no da para tanto. Como resultado, muchas competencias se duplican, otras muchas se solapan, otras no tienen contenido, otras se estorban y otras directamente estorban a los demás.

 

Todo esto lo acabamos pagando los ciudadanos de muchas formas. En primer lugar, con nuestros impuestos, claro, es el precio inevitable en una sociedad como la nuestra que quiere política social, servicios públicos e inversión pública. Lo malo es que el precio que pagamos está inflado por culpa de una Administración sobredimensionada. Por ejemplo, pagamos un precio por la ineficiencia en la distribución de competencias entre Estado central, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, debido a que hemos implantado el modelo de comunidades autónomas de la Constitución de 1978 sin replantearnos el de las provincias del siglo XIX, aumentando además a la par las competencias de los ayuntamientos. Todo ello sin habernos parado a pensar cuál es el nivel de gobierno más eficiente para desarrollar cada competencia, porque en realidad el criterio que hemos seguido hasta ahora no ha sido económico sino político. Por no decir “de alimentación” (a la bestia).

 

También pagamos, claro está, el precio de la duplicación. Con frecuencia hablamos de lo extraño que resulta tener, por ejemplo, 17 políticas sanitarias o educativas diferentes (por comunidad autónoma) para el conjunto del país, pero no lo es menos el tener 9 mini-políticas de bienestar social, cultura, carreteras o carretera diferentes (por diputación) para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, también por ejemplo. ¿De verdad que en la era de la información no hay una forma más eficiente de hacer las cosas?

 

Luego está el precio del conflicto entre administraciones, cuando las competencias de las comunidades autónomas colisionan con las de diputaciones, ayuntamientos o Estado central. La lista es larga y difícil de ordenar, pero casi seguro que entre los primeros puestos están educación, sanidad, tributación, medio ambiente, dependencia, cultura, vivienda, infraestructuras o empleo. Como resultado los ciudadanos españoles tenemos diferentes derechos en función de dónde vivimos, gasto público inútil y normas que no se cumplen porque las administraciones eluden su responsabilidad trasladándosela a la que mejor proceda. La mayor perversión del conflicto se da cuando, además, como resultado se frenan las iniciativas de los ciudadanos, tanto empresariales como de otro tipo, un vicio que todavía no hemos sido capaces de superar a pesar de contar ya con más ventanillas únicas que administraciones (estamos a punto de necesitar una supra-ventanilla única para simplificar las visitas a las ventanillas únicas).

 

Y además pagamos el precio del inmovilismo, que no es nada desdeñable. Las administraciones públicas dan empleo a más de 3 millones de personas en España (la prueba de que algo falla es que no sepamos exactamente cuántos). La productividad para la sociedad de muchos de estos puestos de trabajo es bastante reducida y, como esto puede poner en peligro su existencia, muchas administraciones públicas practican la que podríamos llamar “creación artificial de necesidades”. ¿Quiere usted abrir un negocio? Primero nuestro servicio de inspección necesita comprobar si cumple con la normativa. Tardaremos unas semanas, porque es un proceso complicado. Ventilación, dimensiones, iluminación, accesos, fachada, rotulación… Claro, no vamos a permitir cualquier cosa. Y cuando terminemos, a lo mejor otras administraciones tienen algo que añadir. ¿Cómo? ¿Un taller? ¿Una conservera? ¿Una clínica? ¿Una fábrica de qué? Buf… va a ser mejor que contrate un equipo de abogados para que le lleve el papeleo. Y claro, ante cualquier amenaza de cambio que ponga en duda la necesidad de nuestra actividad proclamaremos a los cuatro vientos (tres con los recortes) que las reformas ponen a la sociedad a la puerta de la anarquía, el desastre o, lo que es peor, el desmantelamiento de nuestro amado estado de bienestar, ¡con lo que nos ha costado conseguirlo! En fin, el enemigo en casa.

 

Todos estos sobreprecios nos quitan bienestar, cuanto más paguemos por una administración pública sobredimensionada menos tendremos para gasto social, servicios públicos e inversiones públicas (sí, podemos tener política social y servicios públicos con una administración más pequeña). Por eso, como desiderátum del día de la Constitución, me gustaría unirme a los que se congratulan de sus treintaytantos años y a la vez piden su adaptación a la realidad del siglo XXI. Que pueda servir nuevamente como motor del necesario cambio de nuestra sociedad.

Comentarios

Nacho Santamartina 07/02/2013 08:49 #1
Totalmente de acuerdo.

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