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Fernando Rodríguez López
Blog de Fernando Rodríguez López.

Buenos políticos, malos políticos

Que en España hay buenos políticos no lo duda nadie. Bueno, mejor no abramos el debate, por si acaso, pero casi seguro que todos, quien más quien menos, tenemos identificado a nuestro político favorito, esa persona de la que decimos “ay, si dejaran a …, arreglaba esto en dos días”. Generalmente esa persona es parte de la familia, cierto es, pero en algunas otras ocasiones es un político “profesional”, de los que salen en la tele, lo cual es muy esperanzador (no está TODO perdido).
El problema es que junto a los buenos políticos también hay políticos malos, y unos y otros no son fáciles de diferenciar, al menos a priori (cuando hay que votar, por ejemplo), y además los políticos malos hacen mucho más daño que beneficio los buenos. Éste es sin duda uno de los grandes dramas de la democracia. Ante ello, muchas personas acaban opinando que lo mejor es no votar, pero de esta forma el problema no se soluciona porque el sistema electoral es proporcional entre los que votan, no entre la población total, así que las abstenciones no hacen ni cosquillas. ¿Qué otras posibilidades hay?

Hasta ahora el sistema que venimos utilizando es uno bastante rudimentario de prueba y error (nunca mejor dicho). Primero votamos y, si el candidato elegido lo hace mal, lo que generalmente sucede es que le volvemos a votar. Y tiene su lógica, porque ¿acaso una aparente mala gestión pone de manifiesto que el susodicho no tenga capacidad para gestionar?

No, hombre, claro que no. Muchos políticos lo hacen rematadamente mal en el ámbito público pero luego se comportan de forma muy eficiente en el privado, así que incapaces no son. Ahí tenemos los casos de muchos representantes públicos que, con salarios elevados pero no astronómicos, logran adquirir propiedades inmobiliarias, acciones, participaciones, elementos de transporte terrestres y marítimos y demás objetos mundanos. ¿Cómo puede explicarse todo ello si no es por una excepcional capacidad para el ahorro y un extraordinario acierto inversor? Y así es como, debe ser que convencidos por estas aparentes virtudes, les volvemos a votar (y nos volvemos a equivocar).

Frente a este sistema histórico podríamos buscar más alternativas, a ver si el resultado es mejor (bueno, eso seguro, porque empeorar ya no puede). Por ejemplo: podríamos pedir que los candidatos a ocupar cargos públicos tuvieran que aprobar un examen de capacitación. ¿En qué es mejor gastar el dinero público, en educación o en viajes y comidas? ¿Qué es el déficit público? ¿Alguien tiene que acabar pagándolo, o las deudas se van olvidando con el paso del tiempo?

¿Esta ciudad necesita tener Metro? ¿Qué consecuencias negativas (si es que las hay) puede tener la recalificación del suelo? Con ello obtendríamos una calificación de los candidatos, que les “acreditaría” para poder gobernar (un 6 como mínimo para ser concejal, un 7,5 para ministro…).

También podríamos ir un poco más lejos y evaluar directamente las capacidades de los candidatos. ¿Ha gestionado usted alguna vez un negocio propio? ¿Alguna vez ha ganado un sueldo? ¿Ha llevado su comunidad de vecinos sin llevarla a la quiebra? ¿Ha mejorado su conocimiento de idiomas desde que cumplió los 6 años de edad?

¿En qué es usted mejor que otros candidatos? ¿Qué ha hecho usted en la vida, en definitiva, que pruebe que es sensato que le confiemos nuestro dinero, nuestro futuro y, visto lo visto, los de nuestros hijos, nietos y bisnietos? Si la respuesta general es que, en virtud del principio de igualdad, todos tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades para ocupar cualquier cargo público, porque esta es una condición básica para la democracia… entonces malo, muy malo.

Y también podríamos, aunque ello requeriría un cambio mucho más profundo, ser más responsables como sociedad y como votantes, y exigirles también mayor responsabilidad a nuestros representantes políticos.

Eso sería lo mejor, pero ¿seremos capaces? Si no lo hacemos, el riesgo que corremos es enorme, porque conociendo el percal es más que probable que las actuales medidas de control presupuestario lleven, efectivamente, a una reducción de las partidas de gasto público, pero del gasto productivo, y que se mantenga la macroestructura política de 80.000 personas (8.000 alcaldes, 66.000 concejales, 1.200 parlamentarios autonómicos, 1.000 diputados provinciales, 615 diputados y senadores… el 0,34 % de la población activa) que hemos creado en unos cuantos años de miopía y a la que, por desgracia, no estamos acostumbrados a exigir eficiencia ni responsabilidad.

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