Silueta original

Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

El acceso garantizado a una vivienda digna no es una utopía (II)

En mi anterior artículo describí la situación actual fruto de la burbuja inmobiliaria y algunas de sus causas, asegurando la necesidad de un replanteamiento de las políticas de vivienda en nuestro país. Es el momento de gestionar lo existente, más de intervenir en lo nuevo; la política municipal de vivienda se debe centrar en la rehabilitación, la promoción de un parque público de viviendas y en especial el acceso estable y barato al alquiler por parte de la mayoría de la población.

La rehabilitación de viviendas y la regeneración de los barrios debe ser el primer objetivo, donde los mayores beneficiados por el empleo de los recursos públicos no sean cuatro grandes empresas constructoras, si no especialmente las PYMES formadas por pequeñas sociedades, autónomos y cuadrillas de desempleados de la construcción, lo que mejoraría el empleo y mejoraría la calidad de las viviendas en peor estado de las familias con menores recursos, priorizando la accesibilidad de los edificios o la eficiencia energética, evitando en lo posible construir más viviendas en nuestra ciudad.

           

Por otro lado, los dinero del rescate bancario que el Estado ha entregado a los constructores y bancos deben utilizarse para poner en alquiler social las viviendas vacías, este es el plan de rescate de las familias que todo gobierno responsable debería implementar.

           

La posibilidad de contar con un parque público es histórica; la existencia de viviendas públicas fruto de la intervención europea, en manos de la SAREB, el gran stock de vivienda vacíaen manos de la banca y los menores precios en el mercado, son factores que podrían ponernos al nivel del resto de países europeos en unos pocos lustros, debiendo comenzar por la cesión obligatoria de las viviendas en manos de los grandes tenedores de vivienda; inmobiliarias y entidades financieras, con prioridad en la SAREB y la banca rescatada, primero forzando al alquiler social gestionado por el Ayuntamiento, para posteriormente adquirir aquellas viviendas que mejor sirvieran a los intereses generales.

           

Es una cuestión de compromiso político. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, acaba de presentar un plan de actuación municipal que incluye para los próximos años construir 4.000 viviendas públicas, comprar 300 pisos a los bancos por debajo del precio de mercado y que las entidades financieras cedan voluntariamente 450 pisos vacíos. El Ayuntamiento de Salamanca debería seguir sus pasos, empezando por lo posible.

           

Rehabilitación, cesión de vivienda vacía de la banca y sin duda un abanico de medidas de intervención en el mercado de alquiler que dinamizara este sector a través de mejorar la seguridad jurídica y económica a los propietarios e incentivos a la ocupación efectiva de viviendas actualmente desocupadas, a través de asesoramiento integral, contratos-marco, seguros por desperfectos e impagos, desgravaciones fiscales por alquiler, ayudas a determinados colectivos para el pago de alquileres y, sin duda, y con la valentía necesaria, impuestos a viviendas desocupadas, previa creación del registro correspondiente, tal como se vienen haciendo desde hace décadas en el resto de países europeos, para lo cual un nuevo gobierno debe definir y delimitar para todo el Estado el concepto de vivienda vacía, siendo éste, al parecer cuestión necesaria, según los tribunales españoles.

           

Es el momento de empezar a tomarse las cosas en serio, de demostrar voluntad política al servicio de los ciudadanos y garantizar los derechos constitucionales; el derecho a la vivienda hoy es posible hacer que se cumpla, siendo inaplazable su cumplimiento y su reforzamiento constitucional tal como proponen algunos grupos políticos.

           

El excesivo stock de viviendas en el país nos muestra esta posibilidad histórica, hay suficientes viviendas para todos y es mera cuestión de voluntad política destinar el dinero o a los cuatro constructores de siempre o destinarlo a las personas con menores recursos, que no pueden acceder a vivienda en compra, pero sí a un alquiler, ya sea en el mercado privado o a viviendas de propiedad municipal. El PP lleva décadas eligiendo la primera opción, en connivencia con los intereses de las empresas de la construcción y la banca.

           

Por ello, y finalmente, no cabe ser excesivamente optimista. Es evidente que políticas y objetivos tan ambiciosos no podrán ser nunca satisfechos por los mismos responsables de la burbuja y la corrupción, pues los intereses creados son tales que el PP se niega rotundamente a estas políticas, siendo por ello necesario un cambio político al frente de las instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Salamanca, lo que no es una cuestión sencilla, pero sí imprescindible. 

Comentarios

Deja tu comentario

Si lo deseas puedes dejar un comentario: